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Colombia enfrenta una crisis silenciosa en materia de privacidad y ciberseguridad. Durante 2025, los usuarios en el país recibieron la escalofriante cifra de 16.630 millones de llamadas no deseadas, lo que representa un incremento cercano al 70 % con respecto al año anterior, según el más reciente informe de Truecaller.

Este fenómeno, que muchos han normalizado como una simple molestia, se ha convertido en un asedio cotidiano. Las estadísticas revelan un promedio de 1.390 millones de llamadas mensuales, con octubre como el mes más crítico, alcanzando un pico de 1.573 millones de contactos no deseados. Detrás de estos números no solo se esconden estrategias agresivas de cobranza y ofertas comerciales persistentes, sino también estructuras criminales dedicadas al fraude.

El panorama del spam ha evolucionado de manera peligrosa. Ya no se trata únicamente de operadores de telefonía o bancos buscando vender servicios. Un informe reciente de la firma de ciberseguridad Kaspersky indica que el 88 % de los latinoamericanos recibió llamadas desconocidas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Lo más preocupante es que aproximadamente el 11 % de esos contactos tenían fines delictivos claros.

Los delincuentes han perfeccionado sus tácticas bajo la modalidad del “falso call center”. En este esquema, los estafadores suplantan la identidad de funcionarios bancarios o técnicos de soporte. Utilizando un lenguaje de urgencia, alertan sobre supuestos movimientos irregulares en las cuentas de las víctimas. Bajo presión, convencen a los usuarios de descargar aplicaciones de control remoto o entregar códigos de seguridad. Una vez obtienen acceso, ejecutan transferencias no autorizadas y vacían las cuentas en cuestión de minutos.

Otras modalidades persistentes incluyen falsas promesas de premios a través de plataformas de mensajería y el uso de amenazas o secuestros simulados. En esta última categoría, los criminales emplean datos personales filtrados previamente en la red para aumentar la credibilidad del engaño, generando un estado de pánico que facilita la extorsión telefónica.

Ante este panorama de vulnerabilidad, Colombia cuenta con herramientas legales diseñadas para proteger la tranquilidad ciudadana. La Ley 2300, conocida popularmente como la “Ley Dejen de Fregar”, es el principal escudo contra el acoso comercial. Esta norma otorga facultades a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para administrar el Registro de Números Excluidos (RNE).

Cualquier ciudadano puede inscribir su número telefónico de forma gratuita en esta plataforma. Al hacerlo, las empresas tienen la obligación legal de eliminar ese contacto de sus bases de datos con fines de mercadeo. El incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones severas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Una vez realizado el trámite, las entidades disponen de un plazo máximo de cinco días hábiles para cesar el contacto publicitario por llamadas, SMS, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería.

A pesar de los avances legales, la tecnología sigue siendo un aliado indispensable. El informe de Truecaller destaca que durante el último año se logró el bloqueo automático de más de 5.600 millones de llamadas en el país, lo que equivale al 33,7 % del total recibido. Sin embargo, la cifra también evidencia que una gran parte de la población sigue expuesta a comunicaciones fraudulentas por no contar con filtros activos en sus dispositivos.

Para enfrentar este problema, los expertos recomiendan una estrategia combinada:

• Activar los filtros nativos de spam que ofrecen los sistemas operativos actuales.
• Utilizar aplicaciones especializadas que permiten conocer la identidad del remitente antes de contestar.
• Desconfiar sistemáticamente de cualquier comunicación que genere un sentido de urgencia extrema.
• Recordar que ninguna entidad bancaria solicita datos sensibles o la instalación de software externo por teléfono.

Para mitigar el riesgo de ser víctima de una estafa o reducir el acoso comercial, se aconseja seguir estos pasos básicos:

• No compartir información sensible en formularios web de procedencia dudosa.
• Evitar responder llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales extraños.
• Realizar un reporte de spam directamente en la aplicación de teléfono del dispositivo.
• Verificar cualquier alerta bancaria a través de los canales oficiales o líneas de atención al cliente conocidas.

El crecimiento del spam en Colombia refleja una tendencia global donde la información personal se ha convertido en el activo más codiciado por los estafadores. Fortalecer la cultura de ciberseguridad y hacer uso de los mecanismos legales vigentes son las únicas vías para recuperar el control sobre las comunicaciones personales.