– La relación entre el gobierno nacional y el departamento del Valle del Cauca atraviesa un momento de tensión tras la negativa del Ejecutivo a avalar el proyecto del tren de cercanías, una decisión que la gobernadora Dilian Francisca Toro calificó como un incumplimiento de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.
En declaraciones brindadas este 10 de noviembre, la mandataria regional alertó que esta postura del Gobierno Nacional no solo frena un proyecto vital para la movilidad, sino que también le niega a miles de vallecaucanos oportunidades de empleo y retrasa estratégicamente el desarrollo de la región.
La gobernadora Toro fue contundente al enumerar los compromisos que, a su juicio, la administración Petro ha dejado de lado. El tren de cercanías es solo la punta del iceberg de un paquete de infraestructura que parece estancado:
- Profundización del canal de Buenaventura: Proyecto crucial para la competitividad del principal puerto colombiano sobre el Pacífico.
- Acueducto de Buenaventura: Una obra urgente para resolver la crítica situación de acceso al agua potable en la ciudad portuaria.
- Ferrocarril del Pacífico: Según Toro, este proyecto “aún está en prefactibilidad y carece de estudios técnicos claros para garantizar los recursos”, mostrando una falta de avance concreto.
La gobernadora puso el foco en las consecuencias tangibles de no ejecutar el tren de cercanías, un proyecto que cuenta con estudios completos. La obra generaría aproximadamente 14,500 empleos, de los cuales 5,000 estarían destinados al municipio de Jamundí, una zona golpeada por altos índices de violencia. Frenar el proyecto, en consecuencia, significa privar de oportunidades de desarrollo y bienestar a comunidades que urgentemente lo necesitan.
“Negar este proyecto es negar desarrollo, empleo y bienestar a nuestra región”, afirmó la Gobernadora, subrayando el impacto social directo de la decisión del gobierno central.
Frente a la negativa nacional, la administración departamental no se ha cruzado de brazos. Toro anunció que el Valle del Cauca está buscando vías alternas para iniciar la obra, demostrando una autonomía forzada por las circunstancias.
“Tenemos 3,5 billones de pesos asegurados que permitirían arrancar una primera fase. Si más adelante el gobierno nacional decide sumarse, puede integrarse sin problemas al convenio ya firmado”, declaró.
Esta movida evidencia una profunda brecha en la coordinación entre la nación y la región. La gobernadora enfatizó la necesidad de unir esfuerzos entre los sectores público, privado y académico, y reveló una cifra elocuente: “El Valle aporta el 10% del PIB nacional, pero solo recibe el 3% en retorno de inversión para proyectos estratégicos”.
Ante el desdén percibido desde Bogotá, la administración vallecaucana está tomando cartas en el asunto. Para asegurar que los candidatos presidenciales incluyan al Valle en sus agendas de campaña, se enviarán cartas y se organizarán encuentros con gremios y comunidades.
La meta es clara: blindar los macroproyectos clave que, según Toro, el país ha demorado. “Somos resilientes y trabajaremos para sacar adelante los proyectos que el país ha demorado”, aseguró, dejando en claro que la región está dispuesta a luchar por su propio desarrollo, con o sin el apoyo del gobierno central.
Esta confrontación marca un punto crítico en el diálogo región-nación y plantea serias dudas sobre la materialización de las promesas de inversión en infraestructura para una de las regiones más productivas de Colombia.
