Suspenden obras de institución educativa en Bajo Calima por extorsiones y amenazas de grupos armados
Las presuntas extorsiones y amenazas por parte de grupos armados ilegales obligaron a suspender la construcción de la nueva sede de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ubicada en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, una decisión que dejó sin expectativas de nuevo plantel a cerca de 500 estudiantes.
El proyecto, que buscaba mejorar las condiciones educativas de la comunidad, se vio frenado luego de que contratistas y directivos recibieran exigencias económicas de manera ilegal. Según reportes, las intimidaciones han impedido el avance de las obras y generado un clima de zozobra entre los responsables de la ejecución del proyecto.
La rectora de la institución también habría sido víctima de amenazas directas, lo que agravó aún más la situación. Frente a este escenario, David Torres, defensor regional del Pacífico, manifestó que la falta de garantías de seguridad ha afectado gravemente a los contratistas encargados de las obras, imposibilitando continuar con la construcción.
“La ausencia de condiciones mínimas de protección para los trabajadores y directivos impide avanzar con la nueva sede educativa”, advirtió Torres.
Ante esta crítica situación, la Defensoría del Pueblo informó que ha realizado seguimiento al caso en coordinación con la Secretaría de Educación y las autoridades competentes. Asimismo, advirtió que se requieren medidas urgentes para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y directivos, así como para garantizar la continuidad del proyecto educativo.
Cabe mencionar que en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, se reporta la presencia del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las FARC, así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Clan del Golfo, grupos que mantienen control territorial y financian sus actividades mediante extorsiones en la región.
La comunidad educativa permanece a la espera de acciones concretas por parte del Gobierno nacional y las autoridades locales que permitan retomar las obras y garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad.
