En una decisión que pone de manifiesto la gravedad de la violencia intrafamiliar en la región del Pacífico colombiano, un juez de control de garantías de Buenaventura dictó medida de aseguramiento intramural (prisión preventiva) en contra de un hombre señalado por la Fiscalía General de la Nación como el responsable de un prolongado y cruel historial de agresiones físicas, verbales y psicológicas contra su compañera sentimental y sus cuatro hijos menores de edad.
La orden de captura, ejecutada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en plena vía pública del distrito portuario, se materializó tras la presentación del procesado ante la autoridad judicial. Durante la audiencia, el imputado se declaró no responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada que le imputó un fiscal de la Seccional Valle del Cauca. Sin embargo, las pruebas presentadas por el ente investigador fueron contundentes para que el juez decidiera su envió a la cárcel mientras se adelanta el proceso judicial.
De acuerdo con el expediente, el acusado habría mantenido un comportamiento violento y sistemático en contra de su núcleo familiar desde el año 2006. La Fiscalía sustentó su petición con evidencia física y elementos materiales probatorios que, según el despacho judicial, demuestran una continuidad en los ataques que se extendió por casi dos décadas.
Los testimonios y las pruebas periciales revelaron episodios escalofriantes que conmocionaron al tribunal. Entre los hechos documentados, se destaca el castigo infligido a uno de los menores, de apenas 7 años, a quien el hombre habría lesionado los dedos de las manos con un objeto punzante. El motivo del castigo, según la investigación, fue que el niño se mordía las uñas, una acción que el procesado consideró merecedora de una corrección física extrema.
Pero los abusos no se limitaron al hijo menor. En otro de los episodios relatados por la Fiscalía, la compañera sentimental del agresor habría sido víctima de un intento de homicidio, al ser arrojada a un río por el mismo hombre. Este hecho, que pone en riesgo la vida de la mujer, evidencia un nivel de violencia que trasciende el ámbito doméstico para convertirse en un ataque contra la integridad personal en su máxima expresión.
Asimismo, el ente acusador dio cuenta de un tercer hecho aberrante: una de las hijas de la pareja recibió golpes por parte del procesado luego de que la menor se negara a cantar durante una celebración religiosa en una iglesia. La negativa de la niña a participar en el acto litúrgico desató la ira del hombre, quien no dudó en agredirla físicamente delante de los demás asistentes, según los testimonios recabados.
Con base en estos hallazgos, la Fiscalía radicó el escrito de acusación formal por el delito de violencia intrafamiliar agravada, una conducta que contempla penas significativas debido a la condición de vulnerabilidad de las víctimas (menores de edad y mujer) y la reincidencia en el tiempo.
Pese a la contundencia de las pruebas, la Fiscalía recordó que, en aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia, “la situación judicial de la persona relacionada se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente”. Esto significa que, aunque el procesado permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo del juicio, se espera que un juez de conocimiento determine su responsabilidad penal en las próximas audiencias.
El caso ha generado indignación en la comunidad porteña y ha reavivado el debate sobre los mecanismos de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar en la región, donde las cifras de maltrato y feminicidio siguen siendo alarmantes. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación similar y recordaron que la Línea 155 está disponible para atención inmediata a víctimas de violencia de género.
