– En el marco de una reestructuración del sistema penitenciario nacional, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, desde un centro de reclusión en Bogotá hacia la cárcel de Ibagué (Tolima). La medida, confirmada por fuentes oficiales, se suma a una jornada masiva de reubicaciones que incluyó a 103 personas privadas de la libertad procedentes de la penitenciaría de Itagüí (Antioquia), en lo que el nuevo Gobierno califica como un “ajuste estructural” para garantizar la transparencia y el orden en los establecimientos carcelarios.
Según información divulgada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la decisión de mover a Barrera Rojas a la capital tolimense responde a una serie de “evaluaciones de seguridad y convivencia” dentro de los centros de reclusión. Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalan que el verdadero detonante habrían sido los presuntos privilegios que la creadora de contenido habría recibido durante su estadía en Bogotá, como celdas especiales, horarios flexibles y visitas fuera de lo estipulado en el reglamento penitenciario.
El presidente De La Espriella, quien asumió el cargo con un discurso enfocado en la “igualdad ante la ley”, habría ordenado personalmente el traslado tras conocer informes reservados que alertaban sobre un trato diferenciado hacia la interna, cuya alta exposición mediática habría generado tensiones al interior del penal.
Epa Colombia cumple una sentencia de 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno y terrorismo, relacionados con la vandalización de una estación de TransMilenio durante el paro nacional de 2019. En ese entonces, la empresaria fue grabada rompiendo un torniquete y causando destrozos en el sistema de transporte público, hechos que la convirtieron en un símbolo de la protesta social para algunos, y de la violencia destructiva para otros.
Su caso ha estado rodeado de controversia desde el inicio del proceso judicial, no solo por la pena impuesta, sino por las constantes denuncias de sus abogados sobre presuntas irregularidades procesales y, más recientemente, por los beneficios intramurales que habría obtenido.
El traslado de Barrera Rojas no fue un hecho aislado. En la misma jornada, 103 personas privadas de la libertad fueron movilizadas desde la cárcel de Itagüí hacia distintos centros penitenciarios del país, como parte de un plan anunciado por el ministro de Justicia para descongestionar los penales más poblados y combatir el denominado “poder interno” de ciertos reclusos con influencia económica o social.
Organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por las condiciones en que se realizan estos traslados masivos, recordando que en el pasado han ocurrido situaciones de hacinamiento y falta de atención médica durante las reubicaciones. No obstante, el INPEC aseguró que todos los movimientos se efectuaron “con los protocolos de bioseguridad y respeto a la dignidad humana”.
La noticia ha generado un amplio debate en la opinión pública. Mientras que sectores cercanos al Gobierno celebran la decisión como un acto de “justicia ejemplarizante”, críticos y defensores de Barrera Rojas califican el traslado como una “medida arbitraria” y un “castigo mediático” que busca desviar la atención de problemas estructurales del sistema carcelario, como el hacinamiento (que supera el 120 % en varias regiones) y la corrupción administrativa.
Por su parte, la defensa de Epa Colombia anunció que evaluará acciones legales contra el traslado, argumentando que vulnera su derecho a permanecer cerca de su núcleo familiar y que no se le notificaron las razones técnicas del cambio de prisión.
El traslado de Daneidy Barrera a Ibagué reaviva la discusión sobre la equidad en el sistema judicial colombiano, especialmente en casos de figuras públicas. Mientras unos ven en su condena un mensaje contundente contra la vandalización, otros advierten que su nuevo destino —un penal con menores índices de control y mayor lejanía de los centros de poder— podría exponerla a riesgos de seguridad.
Lo que es claro es que el caso de ‘Epa Colombia’ seguirá siendo un termómetro de las tensiones entre justicia, política y espectáculo en un país donde las cárceles son, muchas veces, el reflejo de sus propias desigualdades.
