El caso Lili Pink dio un giro judicial de alto impacto el martes 21 de julio de 2026, cuando la Fiscalía General de la Nación imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho directivos de la compañía, entre ellos su cofundador Max Abadi. La audiencia, que se llevó a cabo en medio de una fuerte expectativa mediática, marca un momento clave en una investigación que ha sacudido al sector comercial y textil del país.
Los ocho procesados fueron imputados por los delitos de contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, según lo informó la Fiscalía. La solicitud de prisión preventiva busca garantizar que los implicados no obstruyan la justicia ni continúen con las actividades ilícitas que se les atribuyen.
De acuerdo con el ente investigador, los directivos de Lili Pink habrían conformado una estructura delictiva que utilizaba empresas y sociedades comerciales como fachada para ingresar mercancías de contrabando al país, dándoles apariencia de legalidad y ocultando millonarios recursos obtenidos de manera ilícita.
Alejandra Gómez, fiscal del caso, explicó en detalle los hallazgos de la investigación: “Se logró determinar que estos ciudadanos estaban concertados con la finalidad de cometer delitos de contrabando para la introducción de mercancía extranjera a territorio aduanero nacional. Posteriormente se comercializaba esta mercancía. De esa manera, se materializaba el delito de lavado de activos y obtenían incremento patrimonial para sí o para otros, dependiendo de la imputación que se realizara con antelación”.
La Fiscalía también reveló que varias de las sociedades vinculadas a la presunta red reportaban domicilios inexistentes, ubicados en lotes baldíos o viviendas residenciales sin vínculo alguno con la actividad económica declarada, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de empresas de papel creadas para facilitar las operaciones ilegales.
Ante los graves señalamientos, Lili Pink se pronunció oficialmente y reiteró su postura de inocencia. En un comunicado difundido a inicios de mayo de 2026, la compañía señaló que, aunque está vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, hasta la fecha no existe una decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna.
La empresa también se refirió específicamente a los señalamientos de contrabando, aclarando que no existe ninguna declaratoria judicial que los confirme, y aseguró que se encuentran controvirtiendo las actuaciones administrativas ante la jurisdicción competente.
“Todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”, puntualizó la compañía en su comunicado, buscando desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía y demostrar que su operación comercial se ha desarrollado dentro del marco legal.
Con la imputación de cargos ya realizada, el siguiente paso en el proceso es la decisión del juez de control de garantías sobre la solicitud de medida de aseguramiento. Si el juez acepta la petición de la Fiscalía, Max Abadi y los otros siete directivos deberán permanecer en detención preventiva mientras avanza la investigación y, eventualmente, el juicio oral.
Este caso se ha convertido en uno de los más sonados del año en el ámbito comercial y judicial colombiano, no solo por la popularidad de la marca Lili Pink, que ha sido un referente en moda íntima y ropa de baño durante años, sino también por las millonarias cifras que se manejan en la presunta red de contrabando y lavado de activos.
La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en el gremio empresarial. Mientras algunos sectores respaldan la acción de la Fiscalía como un mensaje contundente contra la ilegalidad en el comercio, otros han manifestado su preocupación por el impacto que este caso pueda tener en la confianza de los consumidores y en el tejido empresarial del país.
Organizaciones defensoras del comercio legal han celebrado las investigaciones y han pedido que se actúe con rigor contra todas las formas de contrabando, que afectan no solo al fisco sino también a los empresarios que cumplen con sus obligaciones tributarias.
Por ahora, la justicia tiene la palabra. Los próximos días serán determinantes para conocer si los ocho directivos de Lili Pink deberán responder a los cargos desde prisión, o si, por el contrario, logran obtener una medida menos gravosa mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.
