Por Redacción Economía y Movilidad / Red de Apoyo SIC
Actualizado: 31 de agosto de 2026
El Ministerio de Transporte, bajo la dirección de la ministra Elsa Noguera, dio inicio a la elaboración del borrador de una reforma integral al Código Nacional de Tránsito que promete cambiar radicalmente la relación de los conductores con las normas viales y los trámites asociados a la movilidad en el país. La iniciativa busca actualizar una normativa que data de hace más de dos décadas y que, según el Gobierno, se ha quedado corta frente a las necesidades de los ciudadanos y la realidad de las vías colombianas.
Una de las propuestas más llamativas del proyecto es la reducción de hasta un 50 % en el valor de algunas multas de tránsito. La medida apunta a aliviar la carga económica de los conductores infractores, especialmente en un contexto de inflación y alto costo de vida, sin que ello signifique —según el Ministerio— un incentivo para la comisión de faltas, ya que las sanciones seguirán siendo disuasivas.
De manera complementaria, el Gobierno plantea reducir en un 25 % el costo de los cursos pedagógicos que los conductores deben tomar para acceder a descuentos en el pago de sus comparendos. Esta medida busca facilitar que más ciudadanos opten por la formación vial como alternativa para reducir sus sanciones.
Otro de los cambios estructurales que contempla el borrador es la ampliación de la vigencia de las licencias de conducción. Actualmente, estos documentos tienen una validez de 10 años para vehículos particulares y plazos más cortos para servicios públicos y motocicletas. La propuesta del Ministerio es unificar criterios y establecer que las licencias puedan tener una vigencia de 8 a 10 años, con el objetivo de reducir los trámites burocráticos y los costos asociados a las renovaciones periódicas.
El proyecto también contempla una revisión profunda de los costos y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, uno de los trámites más cuestionados por los conductores debido a sus tarifas y a la percepción de corrupción en algunos centros de diagnóstico. Si bien el Ministerio no ha entregado cifras concretas, fuentes cercanas al borrador indican que se evalúa ampliar los plazos entre una revisión y otra, así como establecer un mecanismo de control de precios para evitar abusos.
Finalmente, la reforma propone evaluar los cobros asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y al Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito (SIMIT). Estos dos sistemas, que concentran la información de vehículos, conductores y sanciones, han sido señalados por ciudadanos y gremios como generadores de costos innecesarios y de una burocracia excesiva. La intención del Gobierno es simplificar los procesos y reducir las tarifas que se cobran por consultas, trámites y actualizaciones de datos.
Pese al entusiasmo generado por los anuncios, el Ministerio de Transporte fue enfático en señalar que todas estas medidas son todavía propuestas y no tienen efecto inmediato. El nuevo Código Nacional de Tránsito deberá surtir un trámite legislativo completo, que incluye debates en el Congreso de la República, consultas con los gremios del sector y revisiones técnicas. Solo después de su aprobación y sanción presidencial podrá convertirse en ley de la República.
Por lo tanto, las multas, los costos de los cursos, la vigencia de las licencias, los plazos de la revisión técnico-mecánica y los cobros del RUNT y SIMIT siguen vigentes tal como están hoy. El llamado de las autoridades es a no confiarse y a cumplir con las normas actuales mientras avanza el trámite de esta ambiciosa reforma.
La noticia ha sido recibida con optimismo por gremios de conductores, asociaciones de propietarios de vehículos y ciudadanos en general, que ven en esta reforma una oportunidad para aliviar la carga económica y reducir la maraña de trámites que implica la movilidad en el país. Sin embargo, organizaciones de seguridad vial han pedido cautela y han insistido en que cualquier modificación debe mantener el rigor en la prevención de accidentes y el respeto por las normas.
El Ministerio de Transporte abrirá en las próximas semanas un proceso de consulta ciudadana y socialización del borrador, con el fin de recoger insumos y ajustar las propuestas antes de radicar el proyecto de ley en el Congreso. La meta del Gobierno es que el nuevo Código pueda ser aprobado durante el próximo período legislativo, aunque los plazos dependerán de los acuerdos políticos y técnicos que se logren en el camino.
Nota: Esta publicación es de carácter informativo, basada en los anuncios preliminares del Ministerio de Transporte. Las propuestas aquí descritas corresponden al borrador en fase de elaboración y no constituyen normas vigentes. Las condiciones actuales del Código Nacional de Tránsito se mantienen inalteradas hasta que se expida una nueva ley.
