Bogotá, D.C. – La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la crítica situación financiera y operativa de Nueva EPS, la mayor aseguradora del país, al descubrir graves irregularidades que han llevado a la entidad a acumular cuentas por pagar por un monto astronómico de $21,3 billones, cifra que pone en riesgo su sostenibilidad y la estabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La investigación se desató tras un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025, donde se recaudaron más de 4.500 archivos con información técnica, jurídica, administrativa y financiera de las vigencias 2022 a 2025. El análisis forense preliminar reveló deficiencias estructurales en el manejo de los recursos, especialmente en anticipos, facturación, contratación y la conformación de reservas técnicas.
Uno de los hallazgos más alarmantes es el crecimiento desbordado de los anticipos pendientes de legalizar. Esta partida se disparó un 155%, pasando de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024. Para junio de 2025, la cifra ya alcanzaba los $15,27 billones, estrangulando la liquidez de la EPS. La Contraloría destacó que más de $143 mil millones de estos recursos llevan más de dos años sin justificar.
El caos en la facturación es igual de grave. Nueva EPS tiene un colchón de 22 millones de facturas sin procesar por un valor de $22,1 billones. De este total, aproximadamente 9 millones están duplicadas, dejando un saldo de $13,2 billones en documentos pendientes por auditar. Lo más crítico es que el 97% de estas facturas no ha sido revisado, lo que implica una falta total de control sobre los costos, el cumplimiento de los contratos y la validez de los soportes financieros.
La entidad de control también encontró serias fallas en la contratación. Nueva EPS no pudo presentar los soportes completos que demostraran el cumplimiento de los requisitos legales para sus contratos con la red de prestadores de servicios de salud. La ausencia de documentos clave, como copias de contratos, notas técnicas y anexos, genera profundas dudas sobre la transparencia de estos procesos.
Este mal manejo se refleja en el pasivo de $21,3 billones en cuentas por pagar (a marzo de 2025), una carga financiera insostenible para una EPS que atiende al 22% de la población colombiana. Para empeorar el panorama, la Contraloría detectó una subestimación de $11,1 billones en sus reservas técnicas, lo que significa que no cuenta con el capital suficiente para garantizar la atención futura a sus usuarios y cumple con sus obligaciones.
Ante este escenario de posible detrimento patrimonial y given el alto riesgo para la prestación del servicio, la Contraloría anunció que remitirá todas las evidencias recaudadas a las autoridades fiscales, disciplinarias y penales competentes para que investiguen y determinen las responsabilidades que puedan surgir por esta grave crisis administrativa y financiera.
La alerta no es solo para Nueva EPS, sino para todo el sistema de salud, que depende de la estabilidad de su principal actor y que ahora enfrenta una incertidumbre sin precedentes sobre su capacidad para seguir operando.
