El Gobierno colombiano ha decidido aplazar nuevamente la entrada en vigor del Registro Universal de Ingresos (RUI), el sistema que sustituirá al Sisbén como herramienta principal para la asignación de subsidios y programas sociales. Según el Decreto expedido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la nueva fecha tope para la transición total será el 31 de julio de 2027.
La decisión, aunque técnica, tiene dos detonantes de peso: los estragos del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, y una avalancha histórica de reclamos ciudadanos —más de 112.000 solo en agosto de 2026— contra la nueva clasificación socioeconómica.
El terremoto, que dejó afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios, no solo causó daños físicos en viviendas e infraestructura, sino que tumbó el andamiaje operativo del Sisbén. Según el DNP, al 28 de agosto se reportaron oficinas del Sisbén destruidas o inutilizadas, y una pérdida total de conectividad digital en municipios de categorías 5 y 6, los más pequeños y apartados del país.
Esa situación, sumada a la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, imposibilitó que tanto ciudadanos como administraciones locales avanzaran en los trámites necesarios para migrar al nuevo sistema. En palabras del decreto, la emergencia “fracturó la ruta crítica” de la implementación.
Pero el argumento técnico no fue el único. Durante el mes de agosto de 2026, el DNP recibió más de 112.000 peticiones de inconformidad por la nueva clasificación de ingresos. La cifra es diez veces superior al total de reclamos que recibió el Sisbén en todo 2025 (apenas 11.213), lo que evidencia un profundo malestar social.
El Gobierno reconoce, en el texto del decreto, que ese alud de quejas obliga a “calibrar con más rigor los algoritmos de estimación de ingresos” y a “reforzar la pedagogía ciudadana” antes de dar el salto definitivo. Es decir, el modelo matemático que asigna puntajes y beneficios no está generando confianza, y eso frena cualquier intento de sustitución.
Este nuevo retraso se suma a una modificación anterior. Originalmente, el RUI debía operar a partir del segundo trimestre de 2026. Luego, mediante el Decreto 662 del 26 de junio de 2026, se ajustó el cronograma y se fijó el inicio de la transición para el 1.º de agosto y su culminación para el 31 de octubre de ese mismo año.
Sin embargo, ni el tiempo ni las condiciones técnicas ni la opinión pública estaban listas. Con el nuevo decreto, el plazo final se extiende casi nueve meses más, hasta julio de 2027.
Para los ciudadanos que actualmente están en el Sisbén, la medida significa que seguirán siendo clasificados bajo el viejo sistema por lo menos un año más. Para el Gobierno, implica un respiro para corregir los errores de algoritmo, reparar la infraestructura dañada por el sismo y, sobre todo, recuperar credibilidad frente a una ciudadanía que no termina de entender cómo se define su nivel de ingresos.
El DNP insiste en que la meta sigue siendo la misma —un sistema más justo y preciso— pero el camino, ahora, será más lento. El mensaje subyacente es claro: no se puede reemplazar el Sisbén sin antes reparar la confianza y las computadoras. Y en ese orden.
