Un análisis de la firma Frontier View advierte que las EPS no intervenidas no tienen capacidad para absorber a los afiliados de las entidades liquidadas y plantea un plan de pagos de largo plazo como salida financiera.
La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano ha llevado a distintos sectores a debatir la viabilidad de liquidar las EPS intervenidas. Sin embargo, el analista Santiago González, de la firma Frontier View, advierte que esa salida no es tan sencilla como parece.
“Lo que no hay es EPS que puedan tomar esos afiliados, ni siquiera de las no intervenidas”, afirmó González, quien realizó un análisis basado en los datos públicos más recientes del Ministerio de Salud sobre afiliaciones a las EPS, correspondientes a julio de 2026.
Según el estudio, las EPS que actualmente no están intervenidas tampoco tendrían capacidad suficiente para recibir a los afiliados de aquellas que eventualmente sean liquidadas. El análisis señala que Sura y Salud Total, consideradas entre las EPS no intervenidas de mayor tamaño, cumplen dos de tres criterios técnicos revisados. Las demás entidades presentan un cumplimiento menor y, según el analista, tres de ellas no cumplirían ninguno de los criterios analizados.
A esto se suma un problema de distribución geográfica. Las EPS intervenidas tienen una presencia importante en zonas como los Llanos Orientales, Putumayo y La Guajira, mientras que las entidades que podrían recibir afiliados no necesariamente cuentan con redes equivalentes en esos territorios.
Ante este panorama, la propuesta planteada por el analista consiste en establecer un plan de pagos de largo plazo para atender las obligaciones acumuladas del sistema.
González recordó que inicialmente se había planteado un esquema de cuatro años, con pagos distribuidos en proporciones de 40 %, 30 %, 20 % y 10 %. Sin embargo, aseguró que el panorama financiero cambió debido al aumento de la deuda.
Según las cifras mencionadas durante la entrevista, las obligaciones habrían pasado de unos $38 billones a cerca de $58 billones, por lo que el plazo tendría que ampliarse a entre ocho y diez años.
El objetivo de esta alternativa sería inyectar liquidez progresivamente sin generar un impacto financiero que termine comprometiendo la prestación de los servicios de salud.
González advirtió que una liquidación de EPS también tendría efectos sobre las IPS que actualmente atienden a sus afiliados.
El analista señaló que muchas de estas instituciones han continuado prestando servicios mientras acumulan obligaciones pendientes, por lo que una interrupción o reestructuración abrupta de los pagos podría generar nuevos problemas financieros y afectar la continuidad de la atención.
En ese contexto, también mencionó un plan de choque de $10 billones que permitiría aportar liquidez al sistema. Sin embargo, indicó que todavía no están definidas las fuentes de financiación.
González sostuvo que una solución integral de la crisis no se alcanzaría durante un solo periodo de gobierno debido a la magnitud de los recursos requeridos.
De acuerdo con su estimación, si se alcanzan acuerdos para poner en marcha el plan de choque, podría comenzar a observarse un mayor flujo de recursos hacia mediados de 2027. No obstante, aclaró que esto representaría un alivio de liquidez y no una solución definitiva para el sistema.
El análisis de Frontier View plantea que la liquidación masiva de EPS no es una salida viable en el corto plazo, tanto por la falta de capacidad de las entidades no intervenidas como por los riesgos geográficos y financieros que implicaría. La propuesta de un plan de pagos de largo plazo, complementado con un plan de choque, busca evitar una interrupción abrupta en la prestación de servicios. Sin embargo, el propio analista reconoce que se trata de un alivio temporal y no de una solución definitiva, lo que deja abierto el debate sobre el futuro del sistema de salud colombiano.
