Redacción BL
El Tribunal Administrativo Oral de Santander abrió un incidente de desacato contra el ministro de Ambiente, Carlos Correa, porque desde hace más de un año quedó pausada la fase de concertación con las comunidades afectadas de los cinco municipios de la provincia de Soto Norte: California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, para la delimitación del Páramo de Santurbán.
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“La decisión es el resultado de todo el liderazgo que se ha adelantado en el municipio desde la institucionalidad y desde las comunidades. Hemos reiterado que urge delimitar bien el páramo, pues esto definirá el futuro de nuestro territorio para avanzar con todo lo que ordenó la Corte Constitucional. Esto es la oportunidad de reiterarle al ministro que cumpla y atienda las necesidades de las comunidades”, aseguró Hernán Bautista, Alcalde de Vetas.
Aunque la Corte Constitucional estableció que en el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán se incluyeran convocatorias, información, consultas, concertaciones, decisiones, gestión y fiscalización, para garantizar el derecho de participación de las comunidades, según lo paramunos, la etapa de concertación la continúan desconociendo y pese a que al tribunal durante la pandemia y años anteriores le ha impartido más de seis órdenes al Ministerio de Ambiente para avanzar en la delimitación, este sigue desacatando.
Ante el panorama, la población afectada argumenta que sus derechos han sido vulnerados y consideran que el caso ha traído perjuicios, por lo que aseguran que defenderán su entorno minero desde lo social y jurídico, pues les preocupa el silencio de las autoridades porque no hay informes, no han realizado cronogramas, solo se han dado reuniones preparatorias sin avances en la fase de concertación entre las comunidades y las autoridades.
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“Ya van tres ministros que no han cumplido la sentencia, por eso estamos de acuerdo con el desacato aunque es la sexta amenaza que le dan al ministro. ¡Se lo merece! La sentencia era para un año y ellos se tomaron las palabras como algo perpetuo. ¡Ya es hora!”, puntualizó Ivonne González, Directora de Asomineros Vetas.
La comunidad de Vetas es la más afectada, pues más del 75% de su territorio está dentro del páramo por lo que, según la ley 1450 de 2011, no pueden realizar actividades agropecuarias, de exploración o explotación de hidrocarburos y de minerales. Sin embargo, sus habitantes tienen una tradición minera desde hace más de 400 años y aseguran que es de bajo impacto ambiental ya que, según ellos, la minería desarrollada en el municipio de Vetas es subterránea, con afectaciones mínimas sobre la superficie, condición que a su vez ha permitido mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad del páramo.
“La minería desarrollada con altos estándares técnicos, sociales y ambientales puede ser de bajo impacto y contribuir al ordenamiento del territorio y a su conservación”, afirmó González.
Tras la decisión del Tribunal Administrativo Oral de Santander, los pequeños mineros le piden al Ministerio de Ambiente nuevamente tener en cuenta todos los estudios técnicos, de campo, económicos, ambientales y de desarrollo que la comunidad junto a fundaciones y organizaciones ha realizado.
Los habitantes temen que la minería ancestral en Vetas desaparezca y no aceptan que reemplacen su actividad productiva principal por actividades económicas como la agricultura o la ganadería porque la calidad del suelo no lo permite. Tampoco aceptan el ecoturismo ya que, sustituirla afectaría completamente los ingresos y condiciones dignas de vida de sus habitantes. La prohibición de la minería como eje de ordenamiento del territorio, además de generar desempleo, pobreza y violencia, abriría las puertas a la minería ilegal, descontrolada del medio ambiente y generaría una catástrofe ambiental y social en la región.
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Así mismo, reiteran que la fase de concertación debe iniciar este año y estar lista en enero de 2022 porque de lo contrario se dilatará tres años más el proceso por la llegada del nuevo gobierno. Con esta situación, el Ministro de Ambiente Carlos Correa podría tener sanción de arresto hasta por 6 meses y una multa hasta por 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, salvo que le impongan otra consecuencia distinta. El plazo que tenía el Ministerio para realizar la delimitación del Páramo de Santurbán se venció en noviembre de 2018. Lo que quiere decir, que van tres años de incumplimiento en la delimitación.
Debido al desacato, el Ministerio de Ambiente está reunido hoy 27 de septiembre de 2021 con las comunidades para definir y precisar la fecha y el cronograma para la concertación de delimitación de Santurbán teniendo en cuenta los estudios sociales, económicos, jurídicos y culturales.
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