Luisa Navia

Mientras los índices de homicidios muestran una tregua en Buenaventura, un delito más silencioso pero igualmente devastador crece sin control: la extorsión. Esta práctica criminal se ha convertido en un cáncer que metastatiza en todos los sectores de la sociedad porteña, desde el gran comerciante hasta el vendedor ambulante, obligando al cierre de negocios históricos e incluso de instituciones educativas, con cobros ilegales que alcanzan cifras astronómicas de hasta $50 millones de pesos mensuales.

El tejido económico y social de Buenaventura se desgarra bajo la presión constante de las bandas criminales. En los últimos meses, al menos dos reconocidos establecimientos del comercio formal anunciaron el cierre definitivo, poniendo fin a décadas de trabajo y generación de empleo. Tras estas decisiones, aunque no expresada públicamente por el temor imperante, se erige la sombra determinante de la extorsión, una presión tan insostenible que ha forzado a propietarios a abandonar la ciudad.

Pero la amenaza no discrimina. El fenómeno se ha fragmentado territorialmente, pasando de un control centralizado a esquemas hiperlocales por barrios, comunas e incluso cuadras. Esta atomización dificulta enormemente su control y amplía su radio de víctimas. Pequeños tenderos y comerciantes también son extorsionados, desembolsando sumas mensuales que, aunque menores en comparación (desde los 300 mil pesos), socavan directamente la viabilidad de sus modestos negocios.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo, desde la Iglesia Católica, ha señalado una preocupante paradoja: “si bien en los últimos cuatro meses se ha registrado una disminución en homicidios y balaceras, la extorsión y el hurto han aumentado de forma significativa”. Según el prelado, este delito ha expandido su dominio por la zona comercial del centro y se ha diseminado por numerosos barrios y comunas, actuando como un impuesto ilegal que grava la supervivencia misma de la comunidad.

El caso más doloroso que evidencia la profundidad de esta crisis social es el del Liceo de Occidente. Tras 40 años de formar generaciones, este colegio cerró sus puertas para siempre. La causa directa no fue un ataque contra la institución, sino el éxodo forzado de familias enteras que, acosadas por las amenazas y las extorsiones, abandonaron la ciudad. La matrícula se esfumó progresivamente, haciendo inviable la continuidad del plantel, en un claro ejemplo de cómo el crimen no solo cobra dinero, sino que secuestra el futuro.

Frente a este panorama, las autoridades aseguran mantener acciones investigativas para esclarecer los hechos y reiteran el llamado a la denuncia ciudadana. Sin embargo, este llamado resuena en un contexto donde el miedo es el principal mecanismo de control de los extorsionistas. La población, atrapada entre la violencia explícita y este asedio económico constante, vive una realidad paralizante: denunciar puede costarles la vida, y pagar, su sustento.

La extorsión en Buenaventura ya no es solo un delito común; es un sistema de dominación económica que está decapitando la iniciativa privada, ahuyentando a las familias y robando el porvenir de toda una ciudad. La tregua en las balaceras no es sinónimo de paz, sino quizá el indicio de que el crimen ha encontrado una forma más lucrativa y menos ruidosa de someter a una población que clama por una verdadera seguridad integral.