Telefónica ha dado un nuevo paso en su prolongado litigio contra el Estado colombiano al acudir a la justicia de Estados Unidos para ejecutar un millonario laudo arbitral. La multinacional española solicitó a un tribunal estadounidense que haga efectivo el fallo del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que en noviembre de 2024 ordenó a Colombia pagar 380 millones de dólares más intereses, lo que eleva la cifra a aproximadamente 500 millones de dólares.
El origen del conflicto se remonta a 1994, cuando el gobierno colombiano otorgó a Telefónica una concesión de espectro radioeléctrico para prestar servicios de telefonía móvil en el país. Cuatro años después, el Estado aprobó una ley que establecía la reversión de ciertos activos y espectro asociados a las concesiones. En 2013, la Corte Constitucional de Colombia advirtió que aplicar retroactivamente esa normativa a contratos previos vulneraba derechos adquiridos. Sin embargo, un arbitraje de 2016 en la Cámara de Comercio de Bogotá dio la razón al gobierno colombiano.
En 2018, Telefónica elevó el caso al CIADI —organismo del Grupo Banco Mundial— al considerar que Colombia había modificado sustancialmente el marco regulatorio de su inversión. El tribunal falló a favor de la compañía el 12 de noviembre de 2024, concluyendo que la actuación del Estado alteró el marco legal y vulneró el estándar de trato justo y equitativo protegido por el tratado bilateral de inversiones entre España y Colombia. Como consecuencia, se impuso a Colombia una indemnización de 380 millones de dólares más un interés anual del 5 %.
Pese al fallo, el gobierno colombiano solicitó la suspensión de la ejecución y la anulación de la decisión. No obstante, a comienzos de 2026, el CIADI rechazó la petición al considerar que Colombia no había aportado las garantías requeridas. En abril de ese mismo año, el Estado colombiano anunció que agotaría todos los recursos judiciales internacionales para defender sus intereses.
En respuesta, Telefónica presentó el 2 de junio de 2026 una solicitud ante un tribunal estadounidense para obtener el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. La medida busca presionar el cobro de la millonaria suma en un mercado clave para el sistema financiero global.
Cabe recordar que Telefónica cerró en febrero pasado la venta de su filial en Colombia a Millicom por 214 millones de dólares, como parte de su proceso de desinversión en Hispanoamérica. Actualmente, la compañía solo mantiene su presencia en Venezuela, un activo del que también busca desprenderse. El litigio en EE. UU. añade un nuevo frente en la compleja relación entre la multinacional y el Estado colombiano, que mantiene su postura de defensa de los intereses nacionales.
