En una medida orientada a la austeridad y alineada con su discurso de equidad, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 0030 de 2026, puso fin a un polémico beneficio para los miembros del Congreso. La norma, firmada por el presidente Gustavo Petro y expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, elimina la prima especial de servicios para todos los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026.
El decreto argumenta que la remuneración actual de los legisladores es “desproporcionada” en comparación con el ingreso promedio de los colombianos y la realidad económica del país. Esta disparidad, según el texto, dificulta el objetivo de cerrar brechas sociales establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023). Por ello, el Gobierno consideró imperativo reorientar el gasto público e implementar medidas inmediatas de austeridad que no afecten derechos fundamentales.
Puntos clave de la eliminación:
- Derogación: El decreto deroga expresamente el Decreto 2170 de 2013, emitido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que creó esta prima especial, un beneficio que asciende a aproximadamente 16 millones de pesos mensuales por congresista.
- Fecha de aplicación: Los efectos fiscales de la decisión comenzarán a regir a partir del 20 de julio de 2026, es decir, aplicará para el próximo período legislativo.
- Competencia salarial: Se ratifica que la Función Pública es la única entidad competente para conceptuar en materia salarial y prestacional del sector público.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca enviar una clara señal política de ajuste en los ingresos de altos funcionarios del Estado, en coherencia con su propuesta de redistribución. La medida, sin embargo, deja intactos los beneficios de los congresistas en ejercicio actual, centrando el recorte en las futuras legislaturas.
