Por segunda vez, la funcionaria evadió una sesión de control político donde debía responder sobre seguridad y convivencia ciudadana. Los 19 concejales rechazaron la excusa presentada y emitieron una citación obligatoria, advirtiendo consecuencias legales.
Buenaventura, Colombia. – Una nueva y contundente polémica se desató en el Concejo Distrital de Buenaventura luego de que la Secretaria de Gobierno volviera a ausentarse de un debate clave, generando malestar unánime entre los corporados y reabriendo el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración local.
El hecho ocurrió durante la sesión de control político de este martes, donde la funcionaria estaba citada para responder de manera personal e indelegable sobre temas sensibles como la seguridad, la convivencia ciudadana y compromisos pendientes con los barrios. En su lugar, los concejales recibieron una carta de excusa, lo que fue interpretado como una evasión a su deber.
La reacción entre los concejales fue inmediata y de profundo descontento. El concejal Francisco “Pachito” Paredes se erigió como una de las voces más críticas, señalando el patrón de ausentismo de la Secretaria. “Esta no es la primera vez que la Secretaria evita los debates, y que su reiterada ausencia es una falta de respeto hacia la corporación y la comunidad bonaverense”, afirmó Paredes, reflejando la frustración del cabildo.
Tras una deliberación, la postura fue unánime: los 19 concejales presentes rechazaron formalmente la excusa presentada por la Secretaria. Subrayaron que, de acuerdo con el marco legal, los funcionarios de su rango están obligados a comparecer personalmente ante las sesiones de control político, sin posibilidad de escudarse en comunicaciones escritas.
Ante la reiterada falta, el Concejo Distrital no se quedó de brazos cruzados y anunció la emisión de una nueva citación, esta vez de carácter obligatorio. La corporación advirtió de manera clara y pública que, si la Secretaria de Gobierno vuelve a faltar a este nuevo llamado, se iniciará un proceso por desacato, tal como lo establece el artículo 30 de la Ley 136 de 1994.
Esta figura legal contempla sanciones que podrían incluir multas e, incluso, la suspensión temporal en el cargo para el funcionario que desacate los mandatos de la corporación edilicia.
El incidente ha reavivado un debate de fondo en la comunidad sobre el compromiso y la responsabilidad de los altos funcionarios distritales. La situación deja en evidencia una tensión palpable entre el órgano de control político y un despacho de la administración, crucial para atender las urgentes problemáticas de seguridad y convivencia en el Distrito.
La ciudadanía espera que la próxima citación obligatoria sea cumplida, no solo para evitar una sanción legal, sino como un acto de respeto elemental hacia la institucionalidad y hacia los habitantes de Buenaventura, que exigen respuestas y soluciones concretas.
