El aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, llevándolo a $2.000.000 con el auxilio de transporte, ha sido presentado por el Gobierno Nacional como un triunfo para la dignidad de los trabajadores. Sin embargo, desde uno de los sectores laborales más históricamente vulnerables y feminizados del país –el servicio doméstico– se alza una voz de alerta que prevé un efecto contrario: despidos masivos, una profundización de la informalidad y la exclusión.
Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas (UTRASD), expuso en Mañanas Blu la cruda realidad que, según su gremio, se avecina. “El aumento me parece muy chévere, muy bueno, pero debería haber mecanismos que se hagan cumplir esas normas. Nadie cumple nada”, afirmó, señalando el abismo entre la ley y la práctica en un sector con altísimos niveles de desprotección.
La preocupación central no es el monto bruto del salario, sino el costo total de la formalidad para el empleador. Hurtado explicó que, al sumar todas las obligaciones legales (salario, seguridad social, prestaciones, parafiscales, etc.), el costo mensual de una trabajadora del hogar formal puede superar los $3.000.000. “Da la impresión de que en Colombia solo van a tener empleadas domésticas quienes puedan pagar más de 3 millones de pesos”, sentenció.
Esta barrera económica ya estaría generando reacciones inmediatas. “Hablé con unas diez patronas y ya dijeron que no van a tener más empleada sino una vez a la semana”, reveló Hurtado. Esta modalidad de trabajo por días, sin contrato ni prestaciones, es justo la que se teme que se dispare, perjudicando a quienes dependen de varios empleos semanales para subsistir. “Eso es terrible, porque muchas compañeras sobreviven con cuatro o cinco días de trabajo”, agregó.
Hurtado cuestionó además las estadísticas oficiales. Frente a las aproximadamente 700.000 trabajadoras del hogar que reconoce el DANE, el sindicato estima que la cifra real ronda los cuatro millones, una disparidad que, según ella, evidencia la falta de un estudio serio por parte del Estado y la magnitud de la informalidad. “El Gobierno no tiene una cifra clara porque nunca ha hecho un estudio serio casa por casa”, afirmó.
Dentro de este universo, unas 350.000 personas trabajarían exclusivamente por días, en condiciones precarias: sin contrato, sin prestaciones y con pagos que, en el mejor de los casos, no superan los $100.000 por jornada. Hurtado también denunció la intensificación de las cargas laborales tras la pandemia, donde se exige el trabajo de varios días en una sola jornada extenuante.
La dirigente sindical fue contundente al describir la impotencia ante los abusos: “Si no hay contrato firmado, no hay una ley que defienda a la trabajadora. ¿A dónde va a denunciar?”. Relató que procesos ante el Ministerio de Trabajo pueden tardar años sin avances, dejando a las mujeres en total indefensión.
Finalmente, Hurtado criticó la exclusión del gremio en los espacios de decisión. “Nunca nos han llamado a preguntarnos qué pensamos. Nos representan centrales obreras a las que ni siquiera pertenecemos”, señaló, destacando una paradoja: el sector que podría verse más afectado por la medida no fue consultado. “El trabajo digno del que tanto habla el Gobierno no se está aplicando con las trabajadoras del hogar”, concluyó, exigiendo políticas específicas que, más allá del aumento nominal, garanticen la formalización real y la protección efectiva de los derechos de millones de mujeres que sostienen los hogares colombianos.
La alerta está dada: sin mecanismos robustos de inspección, subsidios a la formalidad para empleadores de medianos ingresos y una inclusión real del gremio en el diálogo social, el aumento del salario mínimo podría dejar, paradójicamente, a miles de trabajadoras domésticas en una situación aún más precaria.
