En una decisión que podría reconfigurar el panorama de la salud en Colombia, el presidente Gustavo Petro planteó, durante un consejo de ministros, la posibilidad de liquidar las EPS que se encuentran actualmente bajo intervención estatal. Este anuncio estratégico llega después de un concepto crucial emitido por el Consejo de Estado sobre el uso de los recursos del sistema.
El alto tribunal aclaró un punto financiero vital: es posible utilizar recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas de periodos anteriores de las EPS, siempre que estas obligaciones no estén vencidas y no se ponga en riesgo la atención a los usuarios. El Consejo de Estado fundamentó su decisión en que la UPC no hace parte del Presupuesto General de la Nación y, por tanto, no está sujeta al principio de anualidad, ya que tiene una destinación específica y propia dentro del sistema de salud.
Este concepto jurídico parece haber dado al Gobierno un margen de acción más amplio para abordar la crisis financiera del sector. Según la administración Petro, las EPS intervenidas concentran una parte significativa de la deuda histórica que asfixia al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El presidente justificó la drástica medida argumentando que el modelo de aseguramiento financiero ha presentado fallas estructurales durante años, sin que los principales indicadores de salud y eficiencia muestren mejoras sustanciales. La liquidación de estas EPS se presenta como un paso posible dentro de su propuesta de reforma al sistema, transitando hacia un modelo basado en la atención primaria y con menor intermediación financiera.
La propuesta, aún en fase de planteamiento, marca un nuevo y contundente capítulo en el debate sobre el futuro de la salud en el país, al tiempo que reactiva las advertencias sobre la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a millones de colombianos afiliados a estas entidades.
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