Pacífico

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha lanzado una nueva amenaza contra los transportadores que llevan mercancía a los almacenes D1 en los departamentos de Chocó y Risaralda. A través de un panfleto, el grupo guerrillero los declaró “objetivo militar” por negarse a pagar lo que denominan un “impuesto de guerra”, generando alarma entre conductores, empresarios y autoridades locales.

En el comunicado, el ELN justifica su advertencia como una represalia contra la cadena de supermercados D1, a la que acusa de evadir el pago de extorsiones y de mantener condiciones laborales precarias para sus empleados. El grupo asegura que la empresa estaría contratando transportistas independientes para evitar cumplir con sus exigencias económicas.

“Todo vehículo que transporte productos hacia los almacenes D1 será considerado objetivo militar”, advierte el panfleto, lo que pone en grave riesgo la vida de los conductores y la seguridad de sus bienes.

La amenaza ha generado temor entre los transportistas, quienes ahora enfrentan el dilema de seguir trabajando con D1 o exponerse a posibles ataques. Además, las autoridades regionales alertan sobre el riesgo de desabastecimiento en zonas donde D1 es una de las principales opciones de comercio.

Esta situación no solo afecta a los transportadores y a la empresa, sino también a las comunidades que dependen de estos almacenes para acceder a productos básicos. Si los ataques se materializan, podrían agravarse las dificultades económicas y logísticas en el occidente del país.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial de D1 sobre el caso. Sin embargo, las autoridades de Chocó y Risaralda han incrementado los operativos de seguridad en las vías, aunque reconocen los desafíos para neutralizar las acciones del ELN en zonas donde tienen fuerte influencia.

La intimidación del ELN refleja el persistente problema de la extorsión por parte de grupos armados en Colombia, afectando no solo a las empresas, sino también a trabajadores y comunidades vulnerables. Mientras el gobierno busca estrategias para garantizar la seguridad, los transportistas y comerciantes quedan atrapados en medio del conflicto.

Se espera que tanto el sector empresarial como el gobierno tomen medidas urgentes para proteger a los transportadores y evitar un posible desabastecimiento en la región. Mientras tanto, la incertidumbre y el miedo siguen creciendo entre quienes dependen de estas rutas para su sustento.