El personero distrital de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, confirmó que el paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chocó desde el 25 de julio de 2025 está afectando también al Distrito, especialmente en la zona del Bajo Calima. La situación ha generado preocupación por la seguridad de las comunidades rurales y la posible escalada de violencia tras la ruptura de los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno nacional.
- El Bajo Calima, a pesar de los esfuerzos de presencia institucional y fortalecimiento de la Fuerza Pública, sigue siendo vulnerable.
- Otras áreas impactadas incluyen el Naya, Raposo y Anchicayá, donde se investiga un presunto homicidio.
- El personero advirtió sobre posibles desplazamientos forzados y confinamientos en zonas rurales debido a las acciones del ELN.
✅ Verificación humanitaria: El Ministerio Público, junto con la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ya ingresaron a las zonas afectadas para documentar posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
✅ Llamado a reforzar la seguridad: Potes instó a la Armada, el Ejército y demás fuerzas a intensificar la protección de civiles en Anchicayá, el Naya, Raposo y el corregimiento Número Ocho.
⚠ Advertencia sobre la ruptura del diálogo: El reciente comunicado del ELN anunciando la salida de las negociaciones de paz podría agravar la crisis en la región.
Carlos Jefferson Potes, Personero de Buenaventura:
- “La creatividad de los actores armados supera, en ocasiones, la de la Fuerza Pública”.
- “Este tipo de comunicado [del ELN] conlleva amenazas, miedo y, efectivamente, desplazamiento y confinamiento en sectores rurales”.
El paro armado ocurre en un momento crítico tras el fracaso de los diálogos de paz, lo que aumenta el temor por una ola de violencia selectiva y restricciones a la movilidad en zonas estratégicas del Pacífico colombiano.
Mientras las autoridades intentan contener la crisis, las comunidades de Buenaventura y Chocó enfrentan un riesgo inminente de violencia y vulneración de derechos. La respuesta coordinada entre el Estado y organismos internacionales será clave para mitigar el impacto humanitario.
- Monitoreo de la situación en corredores rurales.
- Posibles despliegues de ayuda humanitaria en zonas de difícil acceso.
- Presión internacional para reanudar los diálogos con el ELN.
Los habitantes de estas zonas podrían ver limitado su acceso a alimentos, salud y transporte, además del riesgo de reclutamiento forzado o violencia por parte de grupos armados.
