– Un incremento histórico en el precio del aguardiente y el ron sacude a los consumidores colombianos, tras la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1474 de 2025, expedido bajo la figura de la Emergencia Económica. Las alzas, que superan el 40% en productos emblemáticos, han desatado una fuerte pugna entre el Gobierno Nacional y los gobernadores departamentales, quienes advierten sobre el riesgo de un boom de contrabando y licor adulterado.
El incremento responde a una modificación simultánea de tres tributos:
- IVA: Pasa del 5% al 19% para aguardiente y ron (14 puntos más para la Nación).
- Impuesto específico: Basado en grados de alcohol, salta de $342 a $750 por grado (aumento del 119%).
- Ad Valorem: Sube del 25% al 30% sobre el precio de venta.
Según proyecciones de la Industria Licorera de Caldas (ILC), el golpe al consumidor es contundente:
- Aguardiente Amarillo (750 ml): Pasaría de un promedio de $49.705 a $71.112 (+43%).
- Ron Viejo de Caldas Tradicional: De $54.545 a $84.604 (+55%).
- Productos como el Aguardiente Blanco del Valle tendrán ajustes similares, superando el 40%.
La principal alerta de las regiones es el estímulo al mercado ilícito. Actualmente, se estima que el 24% del licor que se consume en Colombia es de origen ilegal. “Esto no solo golpea las finanzas de salud y educación en los departamentos, sino que pone en riesgo la vida de las personas por el consumo de licores adulterados”, advirtió María Victoria Machado, directora de Hacienda del Valle. Los mandatarios regionales temen que el encarecimiento del producto legal desvíe masivamente el consumo hacia canales peligrosos.
Diecisiete gobernadores han anunciado acciones jurídicas para frenar el decreto, al que tildan de “re-centralización” inconstitucional de recursos que históricamente han financiado la salud y la educación en sus territorios. El gobierno, por su parte, defiende la medida como necesaria para recaudar $11,1 billones y cubrir el déficit del Presupuesto General. El ministro Armando Benedetti advirtió que los gobernadores no pueden “usurpar funciones de la Corte Constitucional”.
Mientras la disputa se judicializa, los colombianos enfrentan desde ya el impacto directo en uno de los sectores de consumo más sensibles de la canasta familiar, en una puja donde se cruzan las urgencias fiscales nacionales, la autonomía regional y la salud pública.
