Miles de pensionados y afiliados a Colpensiones se vieron afectados esta semana ante la suspensión total de los servicios presenciales y digitales de la entidad, una medida que se extendió hasta el jueves 2 de julio de 2026. La interrupción, que duró casi siete días, ocurrió por la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones en la plataforma tecnológica de la administradora de pensiones, según informó la propia entidad.
Sin embargo, la contingencia generó alarma entre los ciudadanos, pues dejó sin posibilidad de realizar trámites sensibles como traslados entre regímenes, correcciones de historia laboral y reclamos prioritarios. La suspensión se da, además, en un momento crítico: faltan menos de tres semanas para que venza el plazo máximo para radicar solicitudes de traslado por oportunidad, fijado para el 16 de julio de 2026, una ventana que la Corte Constitucional mantuvo vigente mientras estudia la reforma pensional .
En medio de la emergencia, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encendió las alarmas al denunciar un contrato por $223.125 millones, firmado en septiembre de 2025, que tendría como objetivo migrar toda la información de Colpensiones a otro servidor de almacenamiento.
Valencia cuestionó duramente la decisión de la entidad de cambiar sus servicios de almacenamiento y advirtió sobre los riesgos que esto implica. “Estaban tan confiados en que iban a ganar, que ahora les tocó correr para ejecutar el contrato”, afirmó la senadora, sugiriendo que la migración se estaría realizando de manera apresurada.
La congresista también puso en duda si el nuevo contratista puede garantizar que la información de los afiliados —millones de historias laborales, semanas cotizadas y datos personales— no sea manipulada. “La información laboral de millones de colombianos puede estar en riesgo”, sentenció, y pidió a la Procuraduría una supervisión detallada del proceso.
La suspensión de servicios ocurre en un escenario de máxima tensión para el sistema pensional colombiano. La reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que buscaba otorgar a Colpensiones un papel central como receptor del ahorro de todos los colombianos hasta un ingreso base de 2,3 salarios mínimos, fue suspendida por la Corte Constitucional, que encontró posibles vicios en su trámite legislativo .
Pese a la suspensión, el alto tribunal mantuvo vigente el artículo que abrió una “ventana de oportunidad” para que quienes habían perdido la posibilidad de cambiarse de régimen —por la Ley 797 de 2003— puedan hacerlo. Para acceder, se requieren al menos 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 (hombres), además de cumplir con la doble asesoría de Colpensiones y un fondo privado.
Hasta mayo de 2026, un total de 137.398 personas ya se habían trasladado de fondos privados a Colpensiones aprovechando esta ventana, y otras 265.000 habían solicitado la doble asesoría . La suspensión de servicios de esta semana, por tanto, podría retrasar a miles de ciudadanos que aún no han completado el proceso antes del 16 de julio.
La combinación de una suspensión técnica prolongada, una denuncia de corrupción por un contrato millonario y la presión del plazo para los traslados ha generado un cóctel explosivo que mantiene en vilo a los afiliados. La senadora Valencia, que ha sido una de las opositoras más firmes al gobierno de Petro y ha impulsado acciones para tumbar la reforma pensional, aprovechó la coyuntura para poner el foco en la gestión de Colpensiones .
Colpensiones, por su parte, no se ha pronunciado sobre las denuncias de la senadora más allá de reiterar que el mantenimiento era necesario para garantizar la estabilidad del sistema. La entidad aseguró que reanudará los servicios una vez finalizadas las actualizaciones, pero la incertidumbre persiste: los usuarios afectados, los que esperan su traslado y los que temen por la seguridad de sus datos siguen a la espera de respuestas claras.
