Los transportadores de carga del Valle del Cauca han entrado en un estado de alerta máxima y declarado asambleas permanentes tras el incremento consecutivo de costos operativos, una medida que consideran un paso previo a posibles acciones de protesta si no hay respuestas del Gobierno nacional.
La decisión surge como respuesta directa al aumento del salario mínimo, la subida en los peajes y el encarecimiento continuo del diésel, factores que, según los gremios, están comprometiendo severamente la rentabilidad del sector. Aunque no se ha convocado un paro formal, las asambleas funcionan como un mecanismo de presión preventiva para visibilizar la urgencia de su situación y exigir soluciones concretas.
Desde la Asamblea Nacional del Transporte se explicó que esta acción busca alertar a las autoridades sobre el impacto acumulado de estas medidas, que afectan directamente la operación diaria y la cadena logística. Los transportadores advierten que, de no atenderse sus demandas, podrían verse obligados a tomar medidas más contundentes, lo que paralizaría el transporte de carga y generaría un efecto dominó en la economía regional.
Entre las exigencias clave del sector se encuentra la implementación de políticas de mitigación que compensen el alza de los costos, así como un llamado a la concertación urgente con el Gobierno nacional y las autoridades departamentales. El objetivo, subrayan, es lograr acuerdos que garanticen la sostenibilidad del transporte sin interrumpir el flujo económico del Valle del Cauca, una región estratégica para el comercio y la agroindustria en Colombia.
Mientras se elabora un informe detallado sobre el impacto financiero de estos aumentos, el sector mantiene sus asambleas activas, esperando una señal clara de diálogo que evite una escalada de la protesta. La situación refleja una creciente tensión económica en un eslabón vital de la cadena productiva, cuyas decisiones próximas podrían resonar en toda la región.
