Un llamado urgente a la acción emiten las comunidades étnicas del Valle del Cauca. Cuatro organizaciones indígenas y cuatro consejos comunitarios de comunidades negras, asentados en las cuencas de los ríos Dagua y Pepitas, declararon asamblea permanente a partir del 21 de enero de 2026, ante lo que denuncian como el reiterado incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional.
La decisión, amparada en la Resolución 2119 de 2023 del Ministerio del Interior, surge tras las fuertes lluvias de finales de diciembre de 2025, que provocaron crecientes súbitas y graves afectaciones en sus territorios. Las comunidades lamentan que estos desastres, previamente advertidos en mesas de trabajo, no hayan sido atendidos con acciones preventivas o de mitigación efectivas.
En un comunicado de alto impacto, las organizaciones exigen la presencia inmediata del ministro del Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entre otras entidades, para abordar de manera integral la crisis humanitaria y ambiental que enfrentan.
Ante la ausencia de respuestas concretas, las comunidades han anunciado que ejercerán su derecho a la protesta mediante acciones de resistencia en la vía Buga-Buenaventura, principal corredor vial y económico que conecta el interior del país con el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico. Esta medida, según explican, es un mecanismo legítimo para exigir el cumplimiento de sus derechos territoriales, sociales y ambientales.
Paralelamente, han solicitado el acompañamiento del Ministerio Público para garantizar la protección de sus derechos y responsabilizan a las autoridades de todo nivel (nacional, departamental y municipal) por cualquier daño que se derive de la falta de atención a esta emergencia.
La situación pone en evidencia una crisis acumulada de diálogo y acción institucional, y anuncia una posible interrupción en un eje vial estratégico, lo que podría tener repercusiones significativas en el transporte de carga, la economía regional y el abastecimiento del puerto de Buenaventura. El llamado de las comunidades es claro: exigen soluciones inmediatas y diálogo real, antes de que la protesta en la vía se haga inevitable.
