Dilian Francisca Toro advirtió que los constantes cambios de funcionarios ponen en riesgo tratamientos vitales para pacientes crónicos, mientras la deuda del Gobierno con hospitales del Valle alcanza los 3 billones de pesos.
En medio de la creciente crisis del sistema de salud, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un urgente llamado al Gobierno nacional para que brinde información inmediata sobre los nuevos interventores de las EPS que se encuentran intervenidas. Esta solicitud se produce luego de que se suspendieran servicios a afiliados en varias clínicas del departamento, generando incertidumbre y poniendo en riesgo a miles de usuarios.
La mandataria regional alertó que el constante relevo de funcionarios designados como interventores está afectando gravemente la capacidad de respuesta de las EPS, lo que ya ha derivado en el cierre de atenciones en algunas instituciones de salud que prestan servicio principalmente a usuarios de Nueva EPS.
“Quienes se perjudican más son los pacientes oncológicos, las madres embarazadas”, manifestó la gobernadora Toro, enfatizando que las personas con enfermedades crónicas como cáncer y diabetes dependen críticamente de la continuidad en sus tratamientos. La inestabilidad administrativa está generando retrasos en citas médicas y poniendo en riesgo tratamientos vitales para la población más vulnerable.
La crisis se ve agravada por el incumplimiento en los pagos por parte del Gobierno nacional. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, reveló que la deuda con la red pública y privada del departamento asciende a aproximadamente 3 billones de pesos, situación que afecta la operación de todas las instituciones hospitalarias y representa un riesgo inminente para la prestación de servicios esenciales.
Frente a este escenario crítico, la Gobernación del Valle solicitó formalmente al Gobierno la coordinación inmediata de una mesa de trabajo con dos objetivos principales: identificar a los nuevos interventores designados y definir rutas claras de atención para los afiliados. Además, la gobernadora pidió la formalización urgente de contratos con instituciones cruciales como las clínicas Occidente y Versalles.
Mientras se normaliza la operación de las EPS intervenidas, la administración departamental mantiene un monitoreo permanente en clínicas y hospitales, implementando acciones de soporte como la desconcentración de servicios. Gracias a esta estrategia, aproximadamente 14.106 vallecaucanos han recibido atención especializada directamente en sus municipios, mitigando así los efectos de la falta de claridad administrativa que sigue sin resolverse a nivel nacional.
