Redacción BL
El Covid-19 o Coronavirus, es una pandemia que no solo ha evidenciado una lenta y deficiente capacidad de respuesta del servicio clínico epidemiológico a nivel mundial, sino que además ocasiona, de manera directa, una “coerción” a la libertad, a la calidad de vida y a la economía de los ciudadanos.
Sin embargo, hay algo más tenebroso y letal que el virus o cualquier otra amenaza biológica o una guerra interna o internacional, y es la corrupción asociada a todo mecanismo de ayuda a los más necesitados, al tergiversar de la esencia de la Emergencia Social, independientemente del país objeto de análisis.
Para el caso colombiano, el Estado de Emergencia, es uno de los Estados de Excepción, que faculta al Presidente de la República, con carácter extraordinario, para afrontar situaciones que no podría abordar con sus funciones regulares u ordinarias, sin aprobación del Congreso de la República; no obstante, cada una de sus medidas serán analizadas por la Corte Constitucional automáticamente, en relación a la constitucionalidad de tales medidas. La Corte es entonces quien ejerce el control y establece el límite al poder excepcional que adquiere el gobierno. En el capítulo 6 de la Constitución Política de Colombia y la consecuente Ley 137 de 1994, se explican los tres estados de excepción: Estado de Guerra Exterior, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia.
Teniendo en cuenta entonces que, a) existe el mecanismo constitucional de protección de los ciudadanos colombianos ante cualquiera de los Estados de Excepción, b) que el Estado de Emergencia solo puede permanecer por períodos de hasta treinta (30) días que pueden ser prorrogados dos (2) veces más y c) que sumados no podrán exceder de noventa días (90) en el año calendario, el ciudadano del común podría llegar a suponer que la articulación de estas medidas, fruto de la más fina ética estatal, al contar un alto número de Funcionarios Consultores de gobierno, Ministros y Directores de entidades con sus respectivos Asesores, son garantía “exclusiva” de los derechos de los ciudadanos en momentos de crisis. Lamentablemente, las últimas noticias dejan ver todo lo contrario.
¿Qué falla entonces, las decisiones de gobierno, la ejecución de las mismas, o la capacidad del estado de garantizar transparencia?
A consecuencia de las medidas por parte del gobierno durante la emergencia del Covid-19, se han suscitado grandes dudas sobre su transparencia y equidad, que no solo afectan el porcentaje de producción nacional en la televisión colombiana, los subsidios automáticos a las familias, pasando por préstamos internacionales al BID y al FMI, al igual que las medidas tributarias y préstamos Bancoldex para las Empresas; o sea que, podría deducirse, hipotéticamente hablando, que los colombianos han tomado más tiempo, al parecer desde la cuarentena, para evaluar y verificar los alcances de tales medidas.
Tan solo basta con realizar un “Feeling/Text Analysis” a las diferentes redes sociales y comentarios en diarios digitales, para observar que una palabra relaciona la efectividad de las medidas tomadas, y ella es: “Corrupción”; algunas veces acompañadas con imágenes de bases de datos de diferentes entidades del estado, otras veces con texto argumentativo y otras simplemente con descontento visceral.
¿Será que el problema reside exclusivamente en las decisiones estatales de este gobierno? ¿O habrá otro conjunto de variables que deban ser consideradas, como el sesgo de opinión?
Siendo precisos, existe un gran número de casos de corrupción asociados al ejercicio del poder, que no van solo al gobierno de turno, o al anterior, sino que además pueden rastrearse hasta la época de la Invasión a América por parte de Tropas Españolas.
¿Pero, qué hay del factor ciudadano? ¿Siempre han sido víctima de sus gobernantes? ¿Es la corrupción exclusiva de este gobierno o está incrustada en el mecanismo de distribución de subsidios, ayudas, proyectos, obras, independientemente del partido de gobierno local, departamental, regional y nacional?
A juicio exclusivo y personal, puede Ud. refutarme si lo considera necesario, los colombianos somos ciudadanos muy tercos y poco solidarios. Llevamos divididos por décadas, entre bloques, sesgos ideológicos y sensacionalismos, sea bien por vanidad pseudosocial, religiosa o aspiracional, o por la falta de apropiación de una actitud más concreta, directa y tácita hacia el problema. Los colombianos se caracterizan en mayoría, por una “hipocresía colateral” de convivencia con la economía subterránea, no solo la generada por décadas por el narcotráfico, sino igualmente con la resultante de la corrupción política y, en minoría, por una actitud descarada hacia la ética de los negocios, el medio ambiente y la convivencia; cuando estos “fenómenos” deberían llevarlos a tomar una posición más racional, filosófica, moral, activa y dinámica:
¿Por qué somos así? ¿Nos gusta la “Viveza”? Palabra que aún hoy día, me cuesta traducir y explicar, ¿Cuáles son las consecuencias de esta caracterización? ¿Por qué tienen algunos colombianos la sensación de que la corrupción no los afecta?
Es más, se observa una abstención al voto, a reivindicar derechos básicos como la salud, la educación, el empleo digno o el ingreso mínimo esencial “real” y esto, por cruel y cínico que parezca, lo han sabido capitalizar diferentes «Castas Familiares» y «Mentes Criminales VIP», es decir, el contubernio derivado de la asociación entre “algunos” Fiscales, Jueces, Políticos, Periodistas, Movimientos Religiosos, Miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, DIAN (Impuestos), Abogados, Contadores, Ingenieros y Arquitectos, Empresarios, Banca, Licitantes Extranjeros, funcionario de Organismos de Control y, una generación de «Roedores Aspiracionales», que trabajan como Funcionarios Públicos, algunos de Libre Nombramiento y Remoción, otros como Contratistas, Directores, Consejeros o Consultores, que también quieren una porción del pastel y, quienes son, absolutamente [email protected] para el desarrollo operacional del asalto al erario público.
Es como una Escuela Criminal, en donde unos ascienden social y económicamente, otros se mantienen ocultos liderando y algunos deciden independizarse o realizar sus propias operaciones delictivas a diferente escala y eso, en esencia pura, tiene una trascendencia tan profunda en Colombia, que prácticamente cualquier negocio con el «Estado Colombiano» circunscribe «Corrupción» en cualquiera de sus manifestaciones. Es por ello que algunas Empresas Extranjeras y Colombianas, tienen prácticamente prohibido, de manera subjetiva, en su Manual de Ética, contratar con países como Colombia y limitarse a hacer presencia con actividad comercial abierta, evitando ser proveedor directo del Estado; sin embargo, esto tampoco los libra de su responsabilidad moral y social en el asunto.
Ahora bien, si la práctica de la “Corrupción” es tan espeluznante y tan insertada en la sociedad colombiana, ¿A qué debe su existencia?
Prácticamente las Leyes están diseñadas para saquear al Estado a lo grande, generando una mayor probabilidad de salir impune o de minimizar la pena y por consecuencia, facilitar el lavado de activos con familiares y terceros.
Es increíble, pero a cualquier ciudadano debería darle vergüenza tener un conocido, familiar, allegado, compañero de estudio, que haga parte de un mecanismo, de un cartel o de un partido político, empresa o institución salpicada por corrupción. El rechazo debería ser primo, facto e inmediato, acompañado de la sanción social; pero lamentablemente no sucede así.
Por consiguiente, toda esta actividad termina relacionándose directamente con otros aspectos del desarrollo humano como la educación, el medio ambiente y sus recursos renovables y no renovables, el entretenimiento, la estratificación social, el liderazgo comunitario, la gestión rural y de fronteras, el flujo de personas, bienes y mercancías y, la ayuda social y humanitaria.
Y es frente a esta última variable, en donde generalmente se invoca el sentido moral, la esencia humana de servir, de proteger al indefenso, de garantizar las condiciones mínimas de un servicio o actividad y finalmente, de la transparencia, la rectitud, de la objetividad axiológica y de la subjetividad de las funciones asociadas a un Servicio Público.
Por otra parte, desde que la Salud en Colombia, se convirtió en un esquema arbitrario de comercio de oferta y demanda, son comunes fenómenos como el «Paseo de la Muerte», «La Escala Salarial por Servicio y Minuto para los Médicos y Profesionales de la Salud», «El Promedio Obligatorio Máximo de Asignación de Medicamentos», las «Juntas Legales para la Aprobación de Cirugías y Procedimientos», el «Alza Discriminada en la Compra de los Medicamentos», «Los Falsos Cobros a la Salud», los «Carteles de las Enfermedades», y si tratara de citar todas las modalidades delincuencias y sus técnicas asociadas, tendría que invertir semanas sin volver al hilo de este escrito, dejando a un lado la correlación entre la Pandemia, el Sistema de Salud, los Subsidios y la Corrupción….
Colombia, no está ni estuvo preparada para un Sistema de Salud Privado; la razón es sencilla, su sistema económico y la distribución del ingreso entre sus ciudadanos no lo permiten, allí se centra en gran medida el problema de deficiencia en unidades médicas, insumos, medicinas y profesionales en salud. A pesar de que año tras año se aprueban grandes presupuestos que son administrados por cuadros gerenciales (Se acuerdan SaludCoop, entre otras?) que ejercen control pueril y voraz a la administración de la salud, en donde el ser humano pasa a ser usuario, sus requerimientos y necesidades a ser una demanda de servicio, que por supuesto puede ser intervenida, manipulada y redireccionada al gusto mordaz de los propietarios de las EPS.
Dejando a un lado por el momento, el sistema de salud y la actitud de la gran mayoría de los colombianos hacia la corrupción, vale la pena revisar uno de los mecanismos con los cuales los ciudadanos de los estratos 1,2 y 3, esperan un acompañamiento estatal durante la crisis: “Los Subsidios”.
Existe una tendencia generalizada a que el subsidio sea la solución inmediata a todos los problemas, no entraré en detalle con argumentaciones de política fiscal y macroeconómica ahora y, es claro que sería injusto decir que todos deban acabarse; pero el problema radica en que no se sabe cuáles son eficientes y cuáles no, y en qué momento y bajo qué condiciones algunos deberían reducirse o desmontarse. He allí entonces, otra variable que facilita las condiciones propias para articular el hurto de recursos públicos en estos momentos de pandemia…
Sin tergiversar o entrar en detalle sobre el Proceso de Paz y aclarando que cualquier país desea vivir en total armonía, sin generar condiciones o permitir la creación de grupos terroristas, paramilitares, subversivos y narcotraficantes, la anterior actividad presidencial, dejó al país en un gran déficit económico, aunado a los actuales precios del petróleo y la desaceleración económica mundial. Por tanto, los corruptos y sus secuaces políticos, ya se imaginaban un cuadro de austeridad delincuencial controlada, tal y como alguna vez lo afirmó un Presidente de Colombia: “Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Empero, no es fácil entender que hay de justo en ello, la tendencia marcada en el discurso de todos los candidatos para este periodo, era austeridad e integridad…. Situación de no creer desde la cientificidad del análisis de datos criminológicos y al observar que, no ha existido a la fecha un solo gobierno sin escándalos de corrupción, independientemente de que el sistema judicial haya o no actuado, dando por cierto lugar sea bien al Debido Proceso o a la Duda Razonable (In dubio pro reo) en donde algunos carteles judiciales son expertos. El erario público es objetivo de “Organizaciones Delincuenciales VIP.”
¿Cómo puede un Proveedor dormir y vivir en tranquilidad y cómo pueden sus familiares, amigos y círculo social disfrutar de bienes fruto de la especulación y el hurto descarado y sistemático a los recursos del Plan de Alimentación Escolar? ¿Cómo puede un constructor hablar de ética y moral en la ejecución de una obra en la que hubo, sobrecostos, coimas, pagos para obtener la licitación y materiales y procesos de baja calidad? ¿Cómo puede un funcionario público hablar de “Calidad en la Administración” cuando trabaja para un Esquema Delincuencial?
Los escándalos actuales con los subsidios del programa “Ingreso Solidario” es la prueba fehaciente de que la deshonestidad en el manejo de los recursos obedece al oportunismo sistemático y descarado de la administración de los recursos públicos y que los escándalos que faltan por salir a la luz y frente al estudio descriptivo e inferencial del registro criminal, permiten establecer tendencias conductuales, anticipar y comprender que el Covid-19 o Coronavirus es la oportunidad “dorada” que estas organizaciones delincuenciales necesitaban para articular con una celeridad voraz, la desviación de estos recursos, en especial en un periodo de aparente “austeridad”.
Finalmente, aunque existen funcionarios rectos en los Organismos de Control, los ciudadanos del común, deben seguir ejerciendo presión social y sistemática en redes sociales ante cualquier indicio o perspicacia sobre corrupción, no solo ante los subsidios, de igual manera, ante contrataciones fast-track derivadas de la emergencia y ante la discusión y la destinación de los recursos públicos de cualquier índole y así mismo para los empréstitos internacionales, pero lo más importante y en familia es, el rechazo social y el repudio al fenómeno delictivo más meticuloso y organizado: “el Asalto al Erario Público”.
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