La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente una medida de aseguramiento en domicilio contra Juliana Guerrero, quien se desempeñó como viceministra de las Juventudes en el gobierno del presidente Gustavo Petro. El ente acusador radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos, señalando a la exfuncionaria por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
La investigación, que ha sacudido la esfera pública, se centra en la presunta obtención y utilización de títulos universitarios falsos que Guerrero habría presentado para acreditar los requisitos de formación y así acceder al alto cargo.
El caso no solo alcanza a la exfuncionaria. La Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, confirmó que también fue vinculado al proceso Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, la institución que habría expedido los diplomas en cuestión. Por esta razón, la Fiscalía solicitará ante un juez de control de garantías la medida de aseguramiento domiciliaria para ambos implicados.
La investigación de la Fiscalía ha identificado irregularidades críticas en los diplomas de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que presentó Juliana Guerrero. Según los fiscales, estos documentos carecen de validez debido a los siguientes hallazgos:
- Ausencia académica: Las pesquisas indican que Guerrero nunca asistió de manera presencial o virtual a las clases requeridas para cursar cualquiera de las dos carreras.
- Falta de requisito de grado: La exviceministra tampoco habría presentado el examen de Estado Saber Pro, una prueba obligatoria para obtener el título de educación superior en Colombia.
- Inconsistencias en fechas: Los títulos aparecen con fecha de expedición del 1 de julio de 2025, un dato anómalo que genera profundas dudas sobre su autenticidad, dado que se hicieron públicos un mes después.
- Uso para acceder al cargo: El elemento central de la acusación es que Guerrero utilizó estos certificados, presuntamente irregulares, para cumplir con los requisitos de formación y lograr su posesión como viceministra.
Este proceso judicial trasciende el caso individual y abre un intenso debate sobre los mecanismos de verificación de hojas de vida y títulos académicos al interior del Estado, particularmente para cargos de alto nivel. Asimismo, pone bajo la lupa la integridad académica y los procesos de expedición de diplomas en la institución de educación superior involucrada.
La audiencia de imputación de cargos, pendiente de fecha, definirá el curso formal del proceso y la decisión del juez sobre la medida de aseguramiento, marcando un precedente en la lucha contra la supuesta falsedad documental en la función pública colombiana.
