Una nueva masacre en la zona rural del Bajo Calima, en Buenaventura, ha dejado al menos nueve personas muertas, según confirmaron las autoridades. Los hechos, ocurridos en medio de un enfrentamiento interno en la estructura armada Jaime Martínez —perteneciente al Estado Mayor Central de las FARC—, han encendido las alarmas por el incremento de la violencia en esta región del Valle del Cauca.
De acuerdo con reportes preliminares de inteligencia militar, la masacre estaría relacionada con una disputa por el control de dineros ilícitos entre integrantes de la columna “Wilson González”. Hasta el momento, se han recuperado siete cuerpos, mientras que equipos forenses y fuerzas de seguridad continúan las labores de búsqueda y verificación en la zona para establecer el número total de víctimas y las circunstancias exactas del crimen.
La mayoría de las víctimas serían originarias del departamento del Cauca, lo que refleja el traslado de conflictos armados a zonas rurales de Buenaventura. Las autoridades locales manifestaron su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el distrito, donde grupos armados siguen librando batallas por el control territorial y económico.
Este episodio se suma a una serie de hechos violentos registrados en la región, evidenciando los desafíos en materia de seguridad que enfrentan las comunidades más vulnerables. Las instituciones han reforzado operativos para capturar a los responsables, mientras organizaciones sociales exigen medidas urgentes para proteger a la población civil.
Buenaventura, principal puerto de Colombia, ha sido históricamente escenario de conflictos entre grupos armados que buscan dominar rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales. La masacre en Bajo Calima reaviva el debate sobre la presencia de estructuras criminales en zonas alejadas del centro urbano y la necesidad de una intervención integral del Estado.
Mientras las investigaciones avanzan, la comunidad clama por justicia y garantías de seguridad, en un territorio donde la violencia armada sigue cobrando vidas. Las autoridades prometen acciones contundentes, pero el temor a nuevas retaliaciones persiste entre los habitantes de la región.
