MEDELLÍN. – La noche del miércoles 10 de septiembre se tiñó de terror e incertidumbre en el barrio Loreto, sector La Asomadera, luego de que al menos tres fuertes explosiones sacudieran la zona. El blanco: una torre de transmisión de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM), en un atentado que las autoridades atribuyen de manera preliminar al Frente 36 de las disidencias de las Farc.
El hecho, calificado por el alcalde Federico Gutiérrez como un “acto terrorista”, dejó daños materiales en fachadas y ventanas de viviendas aledañas, pero, afortunadamente, no se reportaron víctimas humanas. Gracias a los protocolos de redundancia del sistema eléctrico, el servicio para la ciudadanía se mantuvo estable sin interrupciones.
En el lugar de los hechos fue hallada una bandera que haría alusión al frente disidente, lo que apuntala la hipótesis de la autoría. Tras la alerta, un contingente masivo conformado por la Policía, el Ejército y equipos antiexplosivos se desplegó en el sector para realizar un barrido exhaustivo y descartar la presencia de más artefactos, garantizando la seguridad de los residentes.
El alcalde Gutiérrez no tardó en vincular el ataque con el reciente operativo de la fuerza pública en el municipio de Campamento, Antioquia, donde fue abatido alias ‘Guillermino’, un importante cabecilla de esa misma estructura armada. “Este es un acto de retaliación. A todos los terroristas les vamos a seguir poniendo precio. Caen porque caen”, sentenció el mandatario, anunciando una recompensa de hasta $200 millones de pesos para quien provea información que lleve a la captura de los responsables materiales e intelectuales.
El atentado marca una peligrosa escalada al sugerir la intención de estos grupos armados de trasladar su accionar violento desde las zonas rurales del nordeste antioqueño hacia el corazón urbano de Medellín, buscando generar zozobra y presionar a las autoridades.
Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, convocó a un consejo de seguridad extraordinario para este jueves 11 de septiembre. El objetivo es evaluar la situación y definir estrategias contundentes para proteger la infraestructura crítica y la seguridad de los antioqueños, reforzando la ofensiva contra estos grupos delincuenciales.
Por ahora, las investigaciones avanzan a toda marcha. La prioridad inmediata es clara: blindar la ciudad, judicializar a los culpables y enviar un mensaje contundente de que la violencia no logrará quebrar la institucionalidad ni la paz de los medellinenses.
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