La Superintendencia Nacional de Salud asegura que los giros contabilizados como “anticipos” por la EPS intervenida son en realidad pagos por servicios ya prestados. Ordena a la administración actual definir a qué facturas específicas se aplican estos recursos, en un intento por sanear la contabilidad y despejar las dudas sobre el manejo financiero.
BOGOTÁ. En un contundente desmentido a un reciente informe de la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) aseguró que Nueva EPS no ha realizado anticipios a los prestadores de salud. Por el contrario, la entidad de control explicó que se trata de pagos por servicios médicos que ya fueron efectivamente prestados a los usuarios, pero que fueron registrados de manera errónea en la contabilidad de la EPS, intervenida por el Gobierno desde abril de 2023.
La polémica estalló la semana anterior cuando la Contraloría detectó un incremento anómalo del 155% en los denominados “anticipos” de Nueva EPS, los cuales pasaron de $3.4 billones en 2023 a $8.6 billones en 2024. Esta cifra había encendido las alarmas sobre el manejo financiero de la EPS bajo intervención.
Sin embargo, la Supersalud salió al paso de estas acusaciones, argumentando que se trata de un error conceptual. Según el superintendente Giovanny Rubiano García, no son anticipos sino pagos realizados a clínicas y hospitales que aún no han sido imputados a facturas específicas. “Nueva EPS solo tiene que hacer con cada prestador las respectivas actas donde acuerda a qué facturas se imputarán dichos pagos, y ya desaparecerá la figura del ‘falso anticipo’”, señaló la entidad.
Para resolverlo, la Supersalud emitió una orden directa a la gerente interventora, Gloria Polanía, para que en el término de pocas semanas defina con los prestadores en todo el territorio nacional a qué facturas específicas se aplicarán estos giros, legalizando así los pagos y saneando la contabilidad.
La Supersalud criticó el informe de la Contraloría, acusándolo de no considerar las falencias históricas y la falta de transparencia que ya arrastraba Nueva EPS antes de su intervención, y que la actual administración estaría solucionando.
Este cruce de versiones ocurre en medio de un evidente deterioro en la calidad del servicio de la EPS. En los últimos meses, miles de pacientes han salido a protestar a las sedes y dispensarios por las demoras en las citas médicas y la crítica falta de medicamentos, una crisis que contrasta con la discusión técnica sobre el flujo de billones de pesos y que evidencia la urgencia de una solución integral que impacte positivamente en la atención al usuario.
