El fantasma de la crisis financiera y administrativa que envuelve a la Nueva EPS —la Entidad Promotora de Salud con mayor número de afiliados en el país— llegó al despacho del Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente actuaciones disciplinarias para investigar la posible responsabilidad de tres exfuncionarios clave del sector salud, cuyas decisiones, según el organismo de control, podrían haber incidido directamente en el deterioro de la EPS y en el desabastecimiento de servicios a millones de colombianos.
Los nombres que aparecen en el expediente son de peso: Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud; Daniel Quintero, exsuperintendente de Salud; y Jorge Iván Ospina, exinterventor de la Nueva EPS. Los tres ocuparon cargos estratégicos durante momentos críticos de la entidad, y ahora deberán responder ante la Procuraduría por eventuales omisiones, fallas administrativas o decisiones que, según el ente de control, pudieron profundizar el descalabro.
El organismo de control no habla aún de sanciones, sino de una indagación preliminar para esclarecer si existió responsabilidad disciplinaria. Entre los aspectos que serán revisados con lupa están:
- Posibles omisiones en el seguimiento financiero y administrativo de la EPS.
- El manejo de recursos públicos, incluyendo pasivos y anticipos pendientes de legalización.
- El impacto en los usuarios: acceso a medicamentos, tratamientos y servicios médicos, que se habría visto afectado por la situación crítica de la entidad.
- El incremento de quejas y tutelas presentadas por ciudadanos, que podría estar relacionado con decisiones de los funcionarios investigados.
En otras palabras, la Procuraduría quiere determinar si hubo una cadena de decisiones (o indecisiones) que llevaron a la Nueva EPS al borde del colapso y, con ello, pusieron en riesgo la salud de sus afiliados.
La Nueva EPS ha sido noticia recurrente en los últimos años por sus problemas financieros, que incluyen millonarios pasivos, glosas fiscales, dificultades para pagar a prestadores y denuncias de mala prestación de servicios. En 2025, el Gobierno nacional decidió intervenirla para evitar su liquidación, pero el proceso ha estado lleno de tropiezos, controversias y señalamientos cruzados entre funcionarios de distintas administraciones.
La investigación de la Procuraduría abre ahora un flanco judicial que podría salpicar a quienes estuvieron al mando justo cuando la EPS comenzaba a mostrar sus grietas más profundas.
Hasta el momento, ninguno de los tres exfuncionarios ha emitido un pronunciamiento oficial extenso, aunque en declaraciones previas han defendido su gestión. Jaramillo, por ejemplo, había señalado que la crisis de la Nueva EPS era heredada y que su cartera tomó medidas para contenerla. Quintero, por su parte, ha argumentado que su rol como superintendente era de vigilancia, no de administración directa. Y Ospina, en su calidad de interventor, aseguró que encontró una situación financiera “crítica” que intentó estabilizar.
Sin embargo, la Procuraduría considera que hay suficientes elementos de juicio para abrir la indagación y profundizar en si las acciones de estos funcionarios estuvieron a la altura de la gravedad de la crisis.
El caso no solo tiene aristas técnicas, sino también políticas. Guillermo Alfonso Jaramillo es una figura de alto perfil en el actual gobierno, y Daniel Quintero ha sido una voz influyente en el debate sobre la salud en Colombia. Una eventual sanción disciplinaria (que podría ir desde multas hasta inhabilidades) tendría un impacto considerable en el escenario nacional.
Pero más allá de las consecuencias personales, el trasfondo es la salud de más de 5 millones de afiliados a la Nueva EPS. La Procuraduría advierte que, si se confirman las fallas, no solo habría responsabilidad administrativa, sino una deuda ética con los ciudadanos que vieron afectados sus tratamientos, cirugías y medicamentos.
Las actuaciones están en etapa preliminar. La Procuraduría solicitará documentos, citará a versiones libres y podría decretar pruebas periciales. El proceso, que se prevé extenso, buscará establecer si hubo culpa grave o dolo en la gestión de los exfuncionarios, o si, por el contrario, actuaron dentro del margen de lo razonable en medio de un sistema de salud en tensión permanente.
Mientras tanto, los usuarios de la Nueva EPS siguen a la espera de respuestas —y de servicios— que no llegan. La investigación de la Procuraduría promete ser una pieza clave para entender quiénes, cómo y por qué se llegó a este punto. Y, de paso, para que no quede en el olvido la advertencia del organismo de control: la salud de los colombianos no es un asunto menor, y quienes la administran deben rendir cuentas.
