La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fija el salario mínimo vital en Colombia ha desatado una tormenta política y social. Mientras el presidente Gustavo Petro convoca al diálogo, sectores afines al gobierno ya hablan de una respuesta contundente en las calles.
Un nuevo capítulo de tensión se escribe en el panorama laboral colombiano. El alto tribunal detuvo de manera temporal el incremento salarial decretado por el gobierno nacional, argumentando posibles vicios en el procedimiento, y le otorgó un plazo máximo de ocho días al Ejecutivo para expedir un nuevo decreto transitorio.
La noticia cayó como un baldado de agua fría en la Casa de Nariño y en los movimientos sindicales, que ven en esta decisión judicial un “golpe a la clase trabajadora”. Inmediatamente, las redes sociales y las declaraciones públicas se encendieron con un mismo estribillo: la defensa del salario digno y el llamado a la ciudadanía a ocupar las plazas públicas.
Una de las reacciones más contundentes fue la del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien hizo un llamado explícito a la acción ciudadana. “¡Atención! Todos a las plazas. Debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de Colombia. Hay que defender el salario vital“, manifestó Barreras, quien no dudó en calificar la suspensión como “una afrenta, insensible y contraria a las familias que consiguen un empleo y necesitan un ingreso digno“.
En la misma línea se pronunció la exconcejal de Cali, Ana Erazo, quien instó a una respuesta popular inmediata. “Movilización ya. Ante este bloqueo institucional, la ciudadanía debe salir a defender sus derechos y poner sobre la mesa la necesidad de cambios profundos“, afirmó Erazo, pidiendo que las protestas se conviertan en un gran “ejercicio ciudadano” que ponga en evidencia lo que consideran un freno a las políticas sociales del gobierno.
Desde el legislativo, el senador Iván Cepeda se sumó al coro de críticas contra la medida judicial. “Rechazo la arbitraria y regresiva suspensión del salario vital. Esta decisión propicia la reproducción de la desigualdad social y tendrá un fuerte rechazo en las calles y en la movilización social“, advirtió el congresista, anticipando que la controversia no se resolverá únicamente en los escritorios.
Ante la creciente tensión, el presidente Gustavo Petro rompió su silencio para fijar la posición del gobierno. El mandatario aseguró que el decreto suspendido fue expedido siguiendo los estrictos criterios económicos y constitucionales, y subrayó el impacto negativo que tendría una disminución del ingreso mínimo en la economía popular.
Según el jefe de Estado, reducir el poder adquisitivo de los trabajadores “afectaría directamente la economía y podría aumentar la desnutrición infantil“, poniendo en riesgo derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Sin embargo, en un gesto de institucionalidad, Petro afirmó que respetará la decisión del Consejo de Estado, pero advirtió que actuará dentro del marco de la Carta Magna. Como primera medida, convocó a una reunión de concertación con los movimientos sociales y el Ministerio de Trabajo. El objetivo de este encuentro será definir los próximos pasos a seguir en este pulso jurídico y social, buscando una salida que proteja el ingreso de los trabajadores mientras se expide el nuevo decreto en el plazo estipulado por el tribunal.
Mientras tanto, las centrales obreras y los movimientos sociales afinaban anoche los detalles logísticos de las manifestaciones que, según sus voceros, comenzarán a gestarse en las principales ciudades del país en las próximas horas, en una nueva demostración de que la calle vuelve a ser el escenario de disputa por el rumbo social de Colombia.
