A través de un decreto firmado este 16 de febrero, el presidente Gustavo Petro asumió la la regulación de los servicios públicos en Colombia. Desde ahora, el mandatario cumplirá con labores de regulación de los servicios durante 3 meses, hasta el 16 de mayo de 2023 y podrá solicitar apoyos técnicos a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), así como a otras entidades de cada sector.
Por su parte, el decreto 0227 establece que las comisiones de regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen actualmente. No obstante, desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, la decisión sigue yendo en contravía de la institucionalidad.
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Desde la Comisión aseguraron, a través de una carta de 29 páginas, que la ley dispuso que las comisiones ejerzan la regulación de los servicios públicos de forma independiente y técnica. Incluso, que estas funciones superan solo los criterios generales de control de eficiencia.
«La Ley 143 de 1994 le asignó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas las funciones de regulación del servicio de electricidad, sin sujeción a una delegación de estas por parte del Presidente de la República«, explican en la misiva dirigida a la ministra de Minas, Irene Vélez.
Enfatizan, además, que la regulación de los servicios van mucho más allá del artículo 370 que cita el presidente Gustavo Petro para tomar el control de dichas funciones. Por ello, la Creg enfatiza en la importancia de mantener la independencia técnica, no solo de las decisiones regulatorias, sino de todas las responsabilidad que ha definido la ley.
«Afectar las reglas definidas para asegurar la confiabilidad del sistema, que fue una de las lecciones que dejó la situación de desabastecimiento de la demanda en el período 1992-1993, pone en riesgo la atención de la demanda ante un evento crítico, lo que podría conllevar a situaciones de desatención de dicha demanda«, explica la entidad.
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Destacan, además, que gran parte de las inversiones que ha obtenido el sector se debe a la confianza en las instituciones, la cual se ha construido en los últimos 27 años que llevan ejerciendo.
Energía.
«Es importante reconocer que gracias a la aplicación de las medidas regulatorias adoptadas, el incremento de precios al consumidor ha sido menor al incremento del que se hubiese tenido en los momentos más críticos del confinamiento y en los momentos actuales, pero la recuperación de los costos no trasladados aún a los usuarios finales se hace necesaria para no afectar la capacidad y sostenibilidad de los prestadores del servicio», exponen.
Ahora bien, también enfatizan en el proceso que utilizan para la definición de tarifas con base en normas de libre mercado o de monopolio, según los componentes de la cadena de prestación del servicio.
«Para actuar sobre cualquiera de los componentes del costo del servicio se deben consultar las bases teóricas y técnicas con base en las cuales se diseñó uno u otro esquema, que se encuentra íntimamente ligado y guarda una relación integral y biunívoca con la remuneración a los prestadores del servicio a quienes se asigna la prestación del servicio bajo condiciones mínimas de continuidad, calidad y otros estándares de eficiencia que deben alcanzar de manera progresiva», afirma la Creg.
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Para la organización, una intervención de las tarifas por fuera del esquema que se creó en 1994 afectará las obligaciones de prestación del servicio y modificará las conficiones de remuneración.
«Hacemos un llamado respetuoso a actuar con absoluto rigor técnico, analizando el problema que se aborda con base en evidencias, identificando sus causas y sus efectos«, dan a conocer en el comunicado.
Exponen, además, que los recientes aumentos de las tarifas no son por incumplimiento de los principios tarifarios sino factores como aumentos en los costos de producción o importación.
«Intervenir los precios del mercado mayorista de energía, implica una distorsión en el
comportamiento del mercado que elimina la posibilidad de usar el precio como
mecanismo de racionalización de los embalses y traslada al Estado el riesgo de la
operación de estos», aseguran.
Finalmente, piden a la ministra de Minas mantener la institucionalidad del sector y mejorarla en lo que sea pertinente.
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