En una decisión que calificó de “coherente” con su defensa de “la verdad”, el expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció voluntariamente a beneficiarse de la prescripción del proceso en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.
Mediante una carta dirigida al magistrado ponente Manuel Antonio Merchán, del Tribunal Superior de Bogotá, Uribe declaró que, a pesar de tener a su alcance “un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso”, no podía aceptarlo. La fecha límite para que el tribunal resolviera la apelación de su condena era el próximo 16 de octubre, día en que el proceso prescribiría si no se emitía un fallo.
“Sería hipócrita de mi parte reclamar mi derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la Sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior”, argumentó el expresidente en la misiva.
Con esta decisión, Uribe no solo evita que el caso se cierre por vencimiento de términos, sino que también permite que los magistrados tengan más tiempo para revisar las pruebas y los alegatos presentados en su apelación. Expertos juristas confirmaron que la legislación colombiana permite la renuncia a la prescripción por una sola vez, y que, al hacerlo, el término vuelve a correr por dos años más.
Uribe insistió en que la condena emitida por la juez Sandra Heredia fue “equivocada e injusta”, y reiteró su petición de que el Tribunal Superior revoque la decisión de primera instancia y reconozca su inocencia, que, según afirmó, “fue probada en juicio”.
La renuncia a la prescripción es considerada una jugada arriesgada, pues implica asumir el riesgo de que el tribunal confirme su condena. Sin embargo, Uribe aseguró que su objetivo es que el fallo de segunda instancia sea el resultado de “un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, independientemente del sentido que este tenga.
La decisión del expresidente marca un punto crucial en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la historia reciente de Colombia, y redefine los tiempos de un caso que mantiene en vilo a la opinión pública.
