En una decisión que marca un precedente clave para el sistema de salud colombiano, la Corte Constitucional revocó la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas, declarando sin efectos las resoluciones que ordenaron y prorrogaban la toma de posesión de la entidad. El alto tribunal determinó que la Superintendencia Nacional de Salud violó el derecho al debido proceso al imponer la medida sin garantías suficientes.
La sentencia, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, anuló el fallo de la Corte Suprema de Justicia (10 de julio de 2024) que había avalado la intervención. Además, dejó sin validez las resoluciones que autorizaban la administración forzosa de Sanitas por parte del Gobierno, inicialmente decretada en abril de 2024 y prorrogada en abril de 2025.
La Corte consideró que la Superintendencia no cumplió con las garantías procesales mínimas al ordenar la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de la EPS sin un procedimiento justo. Por ello, amparó los derechos fundamentales de las compañías accionantes y ordenó enviar el caso a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, encargada de vigilar el cumplimiento de derechos en el sistema de salud.
La decisión fue adoptada por mayoría en sala plena, pero el magistrado Vladimir Fernández Andrade presentó un salvamento de voto, mostrando desacuerdo parcial con la determinación. Aunque no se han revelado los detalles de su posición, su discrepancia refleja debates internos sobre el equilibrio entre la supervisión estatal y los derechos de las EPS.
Este fallo reabre el debate sobre la intervención de EPS en Colombia, un mecanismo que el Gobierno ha usado en casos de presunta mala gestión financiera o administrativa. Sin embargo, la Corte subraya que tales medidas no pueden aplicarse sin garantías procesales, incluso en contextos de crisis en el sector.
Para Sanitas, el fallo significa un alivio legal inmediato, pero también plantea interrogantes sobre su futuro financiero y operativo. Mientras tanto, el Gobierno deberá ajustar sus procedimientos de supervisión para evitar nuevos cuestionamientos judiciales.
El expediente pasará a la Sala de Seguimiento T-760, que evaluará si las acciones contra Sanitas afectaron derechos fundamentales de los usuarios. Este caso podría sentar un precedente para futuras intervenciones a EPS, reforzando el debido proceso en un sistema de salud bajo constante escrutinio.
