En un respiro para la movilidad del suroccidente colombiano, la comunidad del corregimiento de Anchicayá (distrito de Buenaventura) decidió suspender el bloqueo que había programado para este martes sobre la carretera que conecta el puerto con Cali, en el sector conocido como El Gallinero. La medida, que en principio generaba gran preocupación entre transportadores y comerciantes, fue levantada tras un acuerdo de última hora entre los líderes locales y las autoridades.
Los voceros comunitarios confirmaron que la decisión obedece a una prórroga concedida a las entidades responsables, a quienes han dado un plazo perentorio hasta el próximo 20 de julio para que efectúen los pagos que, aseguran, adeudan a aproximadamente 2.000 habitantes de la zona. Si bien no se especificó la naturaleza exacta de las deudas, dirigentes sociales han señalado que se trata de compensaciones económicas derivadas de compromisos adquiridos por proyectos de infraestructura, ambientales o de desarrollo social pactados con el Estado o con empresas privadas que operan en la región.
Por ahora, la vía permanece completamente habilitada. Durante la mañana y el mediodía de este miércoles, el corredor vial registró tránsito fluido sin mayores contratiempos, lo que permitió la circulación normal de vehículos particulares, buses de transporte público y camiones de carga que diariamente mueven mercancías entre el interior del país y el principal terminal marítimo colombiano.
Sin embargo, la tregua es solo temporal. Los líderes de Anchicayá fueron enfáticos en advertir que mantendrán una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de lo pactado y que, si al vencimiento del plazo no obtienen respuestas concretas, no descartan retomar las manifestaciones con bloqueos totales o parciales de la vía. “No es una derrota ni un retroceso; es una oportunidad para que las instituciones demuestren su palabra. Si fallan, volveremos con más fuerza”, manifestó uno de los representantes comunales.
La suspensión del bloqueo fue recibida con alivio por gremios de transportadores y empresarios, que en días anteriores habían alertado sobre las graves pérdidas económicas que un cierre prolongado de la ruta Buenaventura–Cali podría ocasionar, especialmente en la cadena de exportaciones e importaciones. La Cámara de Comercio de la región instó a las partes a mantener el diálogo y buscar una solución definitiva antes del nuevo plazo fijado.
Por su parte, las autoridades municipales y departamentales se comprometieron a intermediar en las mesas de negociación para acelerar los desembolsos y evitar que la protesta social vuelva a paralizar uno de los ejes viales más estratégicos del país. El próximo 20 de julio se perfila, así, como una fecha clave para desactivar definitivamente el conflicto o, por el contrario, reactivar la tensión en el Pacífico colombiano.
