#Buenaventura | La justicia colombiana golpea a miembros de la fuerza pública implicados en un grave caso de corrupción, luego de que se apropiaran de dinero recuperado en un operativo contra el hurto.
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. – Siete uniformados de la Policía Nacional enfrentan ahora el rigor de la justicia, tras ser judicializados por la Fiscalía General de la Nación bajo la acusación de haberse apropiado de una millonaria suma de dinero que habían incautado durante un procedimiento en esta ciudad portuaria.
Los hechos, que manchan la imagen institucional, se remontan al 16 de noviembre de 2024. Ese día, los patrulleros Fabián Darío Espinosa Puello, José Jair Rodríguez Franco, Andrés Acosta Quinayas, José Nicolás Cuarán Mora, Jeimy Juliana Mingan Rodríguez, y los subintendentes Wilmer Mosquera Mosquera y Anderson Felipe Osorio Portillo, participaron en un operativo contra cuatro presuntos delincuentes responsables del robo de 210 millones de pesos de un hotel de la ciudad.
Aunque el procedimiento fue aparentemente exitoso –lograron localizar el vehículo utilizado por los asaltantes y una bolsa con el dinero–, la investigación de la Fiscalía revela que la confianza pública fue traicionada. Según las autoridades judiciales, los policías omitieron reportar el hallazgo integral del botín a sus superiores o a las autoridades competentes, y en su lugar, presuntamente acordaron repartirse una parte sustancial del dinero entre ellos.
La maquinaria de la justicia se puso en movimiento a través de la Dijín de la Policía Nacional, específicamente del grupo investigativo de delitos contra la administración pública, que procedió a capturar a los implicados en las ciudades de Cali y Tuluá. Cuatro de los siete uniformados fueron enviados a la cárcel desde este último municipio.
Frente a un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, a todos los procesados se les imputó el delito de peculado por apropiación. Sin embargo, ninguno de los siete agentes aceptó los cargos en su contra. A pesar de sus negativas, un juez de control de garantías consideró suficientes los elementos probatorios y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, privándolos de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.
Este caso pone en evidencia la lucha interna contra la corrupción al interior de las instituciones y plantea serias preguntas sobre los controles existentes. Mientras los siete policías enfrentan las consecuencias legales de sus actos, la institución policial y la comunidad de Buenaventura observan con preocupación cómo quienes estaban llamados a proteger el patrimonio ciudadano, terminaron siendo acusados de desviarlo para su propio beneficio.
