Biddeford, Maine – Un operativo de inmigración realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) derivó en un fatal desenlace el lunes, cuando un ciudadano colombiano de 26 años, identificado por organizaciones defensoras de derechos humanos como Joan Sebastián Guerrero, perdió la vida tras recibir un disparo de un agente federal. El incidente, que ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre los protocolos migratorios de la administración Trump, ocurrió en Biddeford, una pequeña ciudad de aproximadamente 22.000 habitantes en el estado de Maine, mientras la hija de tres años del fallecido se encontraba en el vehículo.
Un portavoz del ICE confirmó que Guerrero era “un extranjero en situación migratoria irregular con una orden definitiva de expulsión”. Según la agencia, los agentes realizaban tareas de vigilancia en el último domicilio conocido de otra persona con orden de deportación cuando, alrededor de las 7:00 a.m. (hora local), intentaron detener un vehículo en el que se transportaba el colombiano.
La versión oficial sostiene que el conductor intentó huir del lugar y que, ante un “supuesto riesgo inminente para la seguridad pública”, uno de los agentes disparó su arma de fuego. Guerrero recibió un impacto de bala y, pese a que se solicitó asistencia médica de manera inmediata, falleció debido a la gravedad de la herida.
Sin embargo, el testimonio de un testigo presencial, identificado como Daniel Boucher, pone en duda la versión de las autoridades. Boucher aseguró haber escuchado varios disparos antes de ver a los agentes del ICE sacar a Guerrero del automóvil blanco, con sangre en la cabeza y el rostro. Según su relato, el joven alcanzó a decir: “Intenté detenerme”, antes de desplomarse en el pavimento. Boucher añadió que, momentos después, notó que el hombre dejó de respirar.
Imágenes que circulan en redes sociales muestran el instante posterior al disparo: agentes sacan a Guerrero del vehículo a rastras y le colocan esposas, mientras se observa a la hija del migrante en el interior del automóvil, lo que ha generado indignación y preguntas sobre el uso de la fuerza letal en presencia de menores.
El caso ha encendido alarmas entre organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos humanos, que exigen una investigación transparente y señalan que el operativo evidencia fallas graves en los procedimientos migratorios impulsados por la actual administración.
Por su parte, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su “profunda consternación” y solicita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una explicación detallada y urgente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Joan Sebastián Guerrero. La representación diplomática también ofreció asistencia consular a la familia del fallecido, quien residía en Biddeford junto a su esposa y su pequeña hija, y se desempeñaba como conductor de entregas a domicilio.
Este lamentable suceso ocurre en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias bajo el mandato del presidente Donald Trump, que ha autorizado a las autoridades federales a realizar arrestos en lugares considerados previamente “sensibles”, como escuelas e iglesias, y ha intensificado las redadas en comunidades con alta presencia migrante.
La muerte de Guerrero añade un nuevo capítulo a la controversia sobre el uso de la fuerza en operativos de inmigración, y deja en el centro del debate la necesidad de revisar los protocolos para evitar tragedias que involucren a familias y menores de edad. La pregunta que ahora resuena en Biddeford y más allá es si un procedimiento administrativo de deportación justifica un desenlace tan violento y si se agotaron todas las vías para evitar el uso de armas letales.
Hasta el cierre de esta edición, el ICE no ha emitido una declaración adicional sobre el caso, y el DHS no ha respondido formalmente al requerimiento de la Embajada de Colombia.
