El “paro armado” decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se materializó este fin de semana en el departamento del Cauca con al menos cinco acciones violentas que generaron terror, paralizaron la movilidad y cuestionaron abiertamente el cese al fuego pactado con el Gobierno Nacional. Pese a los acuerdos de paz en la mesa de diálogo, la guerrilla demostró su capacidad de coacción territorial mediante bloqueos, quemas de vehículos y amenazas directas a la población.
Las acciones, según el comandante de la Tercera División del Ejército, fueron focalizadas y estratégicas, concentrándose en corredores viales que conectan al Cauca con Nariño y el Valle del Cauca, buscando estrangular la economía y ejercer control sobre las comunidades rurales.
Las autoridades reportaron un patrón claro de ataques diseñados para sembrar zozobra:
- Ataque a la economía: La quema de dos vehículos de carga, presuntamente dedicados al transporte de alimentos, en rutas rurales clave, buscó afectar el abastecimiento y dañar el sustento de familias.
- Bloqueo de la libertad: Cierres viales intermitentes con árboles y escombros en municipios como Argelia y El Patía, aislando a comunidades y obstaculizando el tránsito de civiles y mercancías.
- Hostigamiento a la Fuerza Pública: Se registraron disparos contra patrullas militares en el sur del departamento, en actos de intimidación contra la presencia estatal.
- Terror psicológico: La aparición de panfletos intimidatorios en zonas como Mercaderes, donde se ordenó bajo amenaza el cierre de comercios, evidenció una campaña de miedo para forzar la obediencia.
- Amenaza latente: La alerta sobre la posible instalación de artefactos explosivos improvisados en una vía crítica obligó a suspender el tránsito, manteniendo a la población en un estado de angustia permanente.
La violencia se concentró en los municipios que colindan con el Valle del Cauca y Nariño, corredores estratégicos para dinámicas legales e ilegales. Esta escalada llevó a la Gobernación del Cauca a convocar consejos de seguridad de urgencia, evaluando el refuerzo militar y medidas de protección para la población civil atrapada en el fuego cruzado de la intimidación.
Frente a la crisis, la Gobernación del Cauca lanzó un enérgico llamado al Gobierno Nacional y a la mesa de diálogos en La Habana, exigiendo que el ELN demuestre una voluntad de paz coherente con sus actos. “Estas acciones afectan directamente la vida y la economía de las comunidades. El cese al fuego debe ser total y verificable en los territorios, no solo un anuncio en una capital”, fue el mensaje claro de las autoridades locales.
Los hechos del fin de semana pintan un panorama sombrío: mientras se negocia en La Habana, en las trochas y carreteras del Cauca la población civil sigue pagando el precio de una guerra que, en la práctica, no se ha detenido. La contradicción entre el discurso de paz y la violencia en el terreno plantea un desafío monumental para la credibilidad del proceso y, sobre todo, para la seguridad de miles de caucanos.
