El mandatario Abelardo De La Espriella instruyó al director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, gestionar el traslado de internos que presuntamente continuarían ejerciendo control sobre estructuras criminales desde los centros penitenciarios del distrito.
Durante su visita a Buenaventura, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó al director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, gestionar el traslado de 120 personas privadas de la libertad recluidas en el distrito hacia cárceles de máxima seguridad.
Según el mandatario, algunos de estos internos continuarían ejerciendo control sobre estructuras criminales desde los centros penitenciarios. Por ello, anunció que serán trasladados a establecimientos donde se restrinja al máximo su capacidad de comunicación y operación, con el objetivo de debilitar las redes criminales que operan en el territorio.
La medida busca cortar los canales a través de los cuales los cabecillas recluidos mantendrían influencia sobre las actividades delictivas en Buenaventura y otros municipios del Valle del Cauca.
El anuncio se conoció el mismo día en que fue reportada la captura de Jonathan Orobio, alias ‘Menor’, señalado cabecilla zonal de ‘Los Chiquillos’ en la comuna 10, en el marco de la Operación Poseidón.
La coincidencia entre ambos hechos refleja la estrategia que las autoridades vienen adelantando para golpear las estructuras criminales que operan en el puerto, tanto en las calles como desde los centros de reclusión.
Por ahora, no se ha divulgado oficialmente la lista de los 120 internos que serían trasladados ni los establecimientos penitenciarios de destino. Se espera que en los próximos días el INPEC entregue detalles sobre el operativo y las cárceles que recibirán a los reclusos.
La medida plantea un debate de fondo sobre la efectividad de los traslados como herramienta para debilitar las estructuras criminales. Por un lado, aislar a los cabecillas en centros de máxima seguridad puede dificultar su comunicación con el exterior y limitar su capacidad de dar órdenes. Por otro, expertos en seguridad han señalado que el problema de fondo requiere además fortalecer la inteligencia penitenciaria, combatir la corrupción al interior de las cárceles y ofrecer alternativas reales de resocialización.
En el caso de Buenaventura, donde organizaciones como ‘Los Chiquillos’ han tenido presencia significativa, el traslado de 120 internos podría representar un golpe importante a la operatividad de estas estructuras, aunque su impacto real dependerá de la capacidad del Estado para sostener la presión y evitar que las redes se recompongan desde otros nodos.
¿Considera que el traslado de estos internos puede contribuir a reducir el control de las estructuras criminales desde las cárceles?
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