La incertidumbre financiera de Nueva EPS, la Entidad Promotora de Salud con más de 11 millones de afiliados en Colombia, ha alcanzado un punto crítico que pone en riesgo la sostenibilidad de decenas de instituciones prestadoras y la atención médica de millones de usuarios. Bajo intervención del Gobierno nacional desde 2024, la entidad arrastra deudas impagas que han desencadenado un efecto dominó de cierres parciales de servicios, desabastecimiento de medicamentos y aplazamientos de procedimientos, según denuncia la Unión de IPS.
Jorge Toro, director de la Unión de IPS, hizo un llamado contundente en Blu Radio: el sistema de salud requiere una definición clara e inmediata por parte del Gobierno y de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el futuro de Nueva EPS. “Los prestadores continúan atendiendo a los afiliados sin tener certeza de que los servicios serán reconocidos y pagados oportunamente”, señaló Toro, destacando la paradoja de un sistema que opera al borde del colapso financiero.
La estrategia de muchas IPS para ser escuchadas ha sido radical: anunciar el cierre temporal de servicios. Solo tras estas medidas de presión, la EPS realiza giros parciales que apenas cubren una fracción de la deuda acumulada. Esta dinámica, advierte Toro, no es sostenible: no existe un esquema de pagos regular ni acuerdos que garanticen la viabilidad operativa de clínicas y hospitales, tanto privados como públicos.
Uno de los factores que agrava la situación es la falta de transparencia. Toro señaló que no se conocen públicamente los estados financieros actualizados de Nueva EPS, lo que impide evaluar su verdadera capacidad de pago y su viabilidad a futuro. Esta opacidad genera desconfianza y paraliza la capacidad de planificación de las IPS, que se ven obligadas a prestar servicios a crédito, comprometiendo su nómina, proveedores y, en última instancia, su capacidad de atención.
La crisis trasciende las cifras contables y tiene un impacto directo y doloroso en la ciudadanía. Los afiliados enfrentan retrasos en cirugías programadas, dificultades para acceder a servicios ambulatorios e interrupciones en la entrega de medicamentos. Paralelamente, los trabajadores de la salud en hospitales públicos y privados ven amenazada la estabilidad de sus pagos, añadiendo una capa más de incertidumbre laboral en un sector ya de por sí tensionado.
La Unión de IPS ha reiterado la necesidad de una intervención decisiva. La petición es clara: el Gobierno nacional debe definir en el corto plazo si Nueva EPS cuenta con los recursos y la estructura para continuar operando, y, en consecuencia, establecer un mecanismo de pagos claro, periódico y garantizado a los prestadores.
La situación de Nueva EPS dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una emergencia de salud pública. La definición de su futuro no es solo una cuestión financiera, sino una prueba de la capacidad del Estado para garantizar un derecho fundamental: el acceso a la salud de millones de colombianos. El tiempo de las medias tintas y los parches se agotó; la crisis exige una solución estructural, transparente y definitiva.
