En una medida sin precedentes para la institución, el Ministerio de Educación Nacional ordenó la suspensión inmediata del proceso de elección de rector para el periodo 2026-2030 en la Universidad del Pacífico y designó a un nuevo agente interventor, como parte de una serie de acciones correctivas para hacer frente a presuntas irregularidades administrativas, contractuales y financieras.
La cartera educativa, mediante una comunicación oficial emitida el 16 de marzo, conminó al Consejo Superior Universitario a acatar de forma inmediata las directrices surgidas tras una visita de inspección realizada el pasado 6 de febrero de 2026. Como resultado de esa inspección, se expidió la Resolución 005896 del 2 de marzo de 2026, un acto administrativo que marca el punto de inflexión en la crisis de la universidad.
El principal efecto de esta resolución es la reestructuración de la cúpula directiva. El Ministerio decidió remover de su cargo al rector encargado, Eliecer Cándelo Viafara, y en su lugar designó a Edinson Caicedo Cerezo como nuevo rector y representante legal. Caicedo Cerezo asumirá el cargo por un periodo de hasta un año, con posibilidad de prórroga por una sola vez, con el claro objetivo de “garantizar la normalización del funcionamiento institucional y el cumplimiento de las normas que rigen la educación superior en el país”.
Paralelamente al cambio en la rectoría, el Ministerio fue enfático en ordenar al Consejo Superior la suspensión definitiva del proceso electoral que había sido convocado mediante el Acuerdo 234 del 11 de febrero de 2026 para elegir al rector titular. La entidad nacional fue clara en su argumento: este proceso no puede continuar mientras esté vigente la medida de vigilancia especial que pesa sobre la universidad, una condición jurídica que impide la realización de este tipo de comicios.
Consciente de la sensibilidad de estas decisiones en el ámbito académico, el Ministerio de Educación salió al paso de las críticas que pudieran surgir sobre una vulneración de la autonomía universitaria. En el documento oficial, se explica que, aunque las universidades gozan de autonomía, esta no es un privilegio absoluto. El Estado tiene la facultad constitucional y legal de ejercer la inspección y vigilancia para garantizar la calidad del servicio educativo y proteger el interés general y el patrimonio público.
En ese sentido, la cartera recordó que la Ley 1740 de 2014 le otorga las herramientas para adoptar medidas administrativas e incluso sancionatorias cuando se detecten incumplimientos o irregularidades que pongan en riesgo el normal desarrollo de la institución.
Finalmente, y como advertencia directa a los miembros del Consejo Superior y demás directivos, el Ministerio dejó claro que el incumplimiento de estas órdenes no será tolerado. El desacato a las disposiciones podría acarrear severas consecuencias económicas para los directivos o miembros de los órganos de gobierno, incluyendo multas de hasta 2.502 UVT (Unidades de Valor Tributario) y otras sanciones adicionales establecidas en la ley.
Con esta intervención, el Gobierno Nacional busca enviar un mensaje contundente sobre su compromiso con la transparencia y la legalidad en el sistema de educación superior, mientras la Universidad del Pacífico inicia un proceso de reestructuración forzosa bajo la nueva dirección designada por el Ministerio.
