La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con $5.700 millones a tres empresas del sector salud por exceder sistemáticamente los precios máximos de medicamentos, afectando el sistema de salud y a los pacientes.
– En un hecho calificado como “abusivo” por las autoridades, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas por $5.700 millones a tres empresas del sector salud por inflar de manera desproporcionada los precios de medicamentos esenciales, con sobrecostos que alcanzaron hasta el 7.000% respecto a los valores máximos regulados.
Las empresas sancionadas, que según las investigaciones de la SIC hacen parte de una misma familia empresarial, son la Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta; Fabilu (mayorista y propietaria de la Clínica Colombia de Cali); y Fabisalud (propietaria de la Clínica Cristo Rey en la misma ciudad).
Los hallazgos de la SIC, correspondientes a investigaciones realizadas entre 2022 y 2023, revelan una práctica sistemática de sobrecostos en decenas de medicamentos:
- Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta: Comercializó 47 medicamentos con excesos del 1,2% al 7.000%. El caso más emblemático fue el del medicamento Tisseel (usado en cirugías), cuyo precio máximo es de $585.000 pero fue vendido en $4.750.000. El Actilyse fue vendido por cerca de $11 millones, superando por amplio margen su precio tope de $1.600.000.
- Fabilu (como distribuidora): Comercializó 9 medicamentos con excesos del 3,5% al 164%. Vendió el Clexane en $32.000 cuando su precio máximo es de $12.000, y el Bridion (inhibidor neuromuscular) en casi $600.000, excediendo su tope de $265.000.
- Clínica Colombia (de Fabilu): Vendió 10 medicamentos con sobreprecios del 3,3% al 2.175%. El Tisseel fue comercializado por más de $7 millones, un valor astronómico comparado con su precio regulado de $313.000. El Verapamilo (50 tabletas) se vendió a $2.700, a pesar de que su precio máximo es de apenas $202.
- Clínica Cristo Rey (de Fabisalud): Excedió los precios entre un 0,09% y un 100%. Vendió el Symbicort Turbuhaler (para el asma) a $110.000, el doble de su valor máximo de $55.114.
En un comunicado, la SIC enfatizó que el control de precios de medicamentos es “una medida esencial adoptada por el Gobierno nacional para proteger el interés general y prevenir posibles abusos”. Subrayó que estas prácticas no solo afectan a los pacientes, sino que comprometen “la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud” y desvían recursos públicos que deberían ser utilizados de manera eficiente.
“Se garantiza que los recursos públicos asignados sean utilizados de manera eficiente, brindando así una protección efectiva a derechos fundamentales, tales como la salud y la vida”, afirmó la Superintendencia.
La SIC aclaró que, al tratarse de un fallo de primera instancia, las empresas sancionadas tienen derecho a interponer los recursos de apelación correspondientes si no están de acuerdo con las multas y las medidas impuestas.
