En un giro significativo, el Gobierno nacional colombiano decidió retirar del Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa legislativa que había desatado una intensa polémica por su potencial para prohibir o restringir severamente la operación de plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y Cabify.
La medida, confirmada en la noche del lunes 2 de febrero por el Ministerio de Transporte, representa una pausa en una propuesta que fue interpretada por conductores, usuarios y la industria tecnológica como un intento de criminalizar y eliminar de facto los servicios de movilidad bajo demanda.
Radicado el 20 de enero, el proyecto de 118 artículos buscaba principalmente fortalecer el régimen sancionatorio contra el “servicio ilegal de transporte”. Sin embargo, su redacción generó un rechazo masivo. La definición propuesta de “ilegalidad” era tan amplia que abarcaba explícitamente el transporte de pasajeros mediante aplicaciones tecnológicas, al realizarse en vehículos particulares sin autorización específica de transporte público.
Además, las sanciones no solo apuntaban a los conductores. El texto ampliaba la responsabilidad a “personas naturales o jurídicas que facilitaran la operación”, lo que en la práctica abría la puerta a multas astronómicas para las propias plataformas, para los usuarios que solicitan un viaje e incluso para conjuntos residenciales que permitieran el acceso de estos vehículos. El esquema de multas, que podía acumularse por cada viaje, y la inmovilización de vehículos, pintaban un escenario económico devastador para un sector que, según sus defensores, genera ingresos para más de 1.2 millones de conductores y es usado regularmente por cerca de 21 millones de colombianos.
Frente a la oleada de críticas y la movilización de sectores económicos y sociales, el Gobierno optó por retirar la iniciativa para “hacer ajustes”. Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, explicó que varios artículos fueron “erróneamente interpretados”, generando confusión sobre el verdadero alcance de la ley.
Desde el Ejecutivo insisten en que su objetivo nunca fue prohibir las plataformas, sino combatir el transporte ilegal tradicional (como los “piratas”) sin causar distorsiones en la movilidad digital. No obstante, la reacción generalizada demostró que el texto, en su forma original, iba mucho más allá de ese propósito declarado.
El retiro del proyecto no es el final de la historia, sino un alto en el camino. Significa que, por ahora, las plataformas, conductores y usuarios pueden respirar con alivio, al menos temporalmente. Sin embargo, el mensaje es claro: el debate sobre la regulación definitiva del transporte por aplicaciones está lejos de cerrarse.
El Ministerio de Transporte anunció que modificará el articulado para ofrecer mayor claridad y reflejar acuerdos discutidos en mesas con gremios, especialmente los de carga. Se espera que en los próximos meses el Gobierno presente una nueva propuesta, presumiblemente con un lenguaje más preciso que intente diferenciar entre la movilidad digital formalizada y el transporte informal, evitando una prohibición encubierta.
Este episodio subraya la delicada tensión entre la regulación estatal, la innovación tecnológica y la realidad económica de millones. El futuro de la movilidad urbana en Colombia, un servicio ya arraigado en la vida diaria de las ciudades, vuelve al tablero de dibujo legislativo, y su definición final dependerá de un diálogo más cuidadoso y equilibrado que el intentado con la fallida Ley 347.
