Colombia

– En una movida que podría redefinir la infraestructura vial del país, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de una auditoría exhaustiva a los contratos de concesión de peajes, con el objetivo final de revertirlos al Estado y, en un futuro, eliminar gradualmente su cobro. La iniciativa, que hace parte de la política del “Gobierno del Cambio”, busca aliviar la carga económica para los usuarios y replantear el modelo de financiación de las vías nacionales.

El anuncio se dio durante una intervención en Manizales, donde el mandatario fue contundente: “Concesión que revierta, concesión que no se prorroga, sino que revierte a la nación”. Esta directriz marca el rumbo de una revisión sin precedentes de los contratos, muchos de los cuales, según la visión del Gobierno, fueron mal diseñados, obligando al Estado a asumir costos de construcción mientras los ingresos por peaje no cumplían las expectativas de rentabilidad para los privados.

Petro argumenta que, al estar las carreteras ya construidas, el dinero recaudado en los peajes debe destinarse únicamente a su mantenimiento, ya que la inversión inicial debería cubrirse con los impuestos de los colombianos. “El dinero de los peajes debería ser para el mantenimiento, porque la construcción de las obras es responsabilidad del gobierno a través de los impuestos”, explicó.

El horizonte que plantea el presidente es ambicioso: emular a algunas naciones europeas donde, una vez revertidas las concesiones, los peajes se levantan por completo. “Lo que yo sí soñaría… es levantar los peajes, y que la carretera sea pública, verdaderamente pública”, señaló Petro, enfatizando su visión de largo plazo para un sistema vial nacional libre de cobros directos para los ciudadanos.

Para asegurar la transparencia del proceso, el Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a gremios como los camioneros y a las comunidades, a conformar comités que participen en el análisis de los datos de los contratos. Esta estrategia busca democratizar la decisión y garantizar que las voces de los principales usuarios sean escuchadas.

Sin embargo, el propio mandatario reconoció el mayor escollo de su plan: la capacidad institucional. “Aquí es la debilidad del asunto”, admitió, refiriéndose a la necesidad de contar con “un departamento de mantenimiento eficaz en el Ministerio de Transporte” que evite que las carreteras revertidas se deterioren. Esta advertencia subraya el desafío logístico y de gestión que supondría para el Estado asumir la totalidad del mantenimiento vial.

La propuesta ha abierto un intenso debate. Por un lado, es vista con esperanza por millones de colombianos que ven en los peajes un costo oneroso para el transporte y la economía familiar. Por otro, genera interrogantes sobre la viabilidad financiera, la capacidad operativa del Estado y el futuro de las asociaciones público-privadas en infraestructura.

Mientras avanza la auditoría, la pregunta que ronda el sector transporte es: ¿Está Colombia preparada para un sistema sin peajes?

| ¿Qué opinas? ¿Crees que revertir los peajes al Estado es la solución para abaratar costos y mejorar las vías?