Dos proyectos de ley, uno que busca derogarla por completo y otro reformarla, confrontan la política de seguridad del Gobierno Petro. El debate se enciende con cifras de homicidios y secuestros al alza como principal argumento.
BOGOTÁ – La política de Paz Total, el pilar central del gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta su desafío más grande en el Congreso de la República. Un frente opositor consolidado ha lanzado una ofensiva legislativa con dos iniciativas que buscan, respectivamente, derogar por completo su marco jurídico o reformarlo drásticamente, argumentando el fracaso en la reducción de la violencia en el país.
La ofensiva comenzó con la representante Katherine Miranda, quien presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 2272 de 2022, el instrumento legal que ha permitido al Ejecutivo adelantar diálogos con grupos armados y bandas criminales. Para Miranda, los resultados de la política son inocultables y desastrosos. “Radicamos esta ley porque Colombia no aguanta más excusas. La seguridad no se negocia con terroristas. O defendemos la vida de los ciudadanos o seguimos siendo cómplices del miedo”, declaró la congresista.
El principal sustento de la oposición son las estadísticas oficiales de seguridad. Los números, lejos de apaciguar el debate, le echan leña al fuego:
- Homicidios: En los primeros siete meses de 2025 se registraron 7.796 homicidios, lo que representa un aumento del 4% frente al mismo periodo de 2024.
- Secuestros extorsivos: Esta modalidad delictiva se duplicó, al pasar de 99 a 188 casos.
- Violencia contra la Fuerza Pública: En lo que va del año, ya han sido asesinados más uniformados que en todo el 2024.
- Actos terroristas: Registraron un aumento del 12%.
Estas cifras son usadas por los críticos para señalar que la política de “paz” no ha traído seguridad tangible a los territorios, sino todo lo contrario.
A esta iniciativa radical se suma una propuesta más matizada, pero igualmente crítica, presentada por el representante liberal Hugo Archila el pasado 21 de agosto. Su proyecto no busca eliminar la ley, sino reformarla para establecer límites más estrictos y condiciones más claras a los diálogos con las estructuras criminales.
“Los desafíos que enfrenta el país son múltiples y complejos, y se manifiestan en la persistencia de diversas formas de criminalidad que afectan la seguridad y el desarrollo”, argumentó Archila, sugiriendo que el problema no es el marco legal en sí, sino su aplicación y alcance.
Frente a este embate, el Gobierno del presidente Petro mantiene su apuesta. La prioridad en su agenda legislativa es el proyecto de sometimiento presentado en julio por el Ministerio de Justicia, el cual busca precisamente afianzar y dar un marco legal más sólido a las negociaciones con los grupos ilegales.
Este pulso legislativo refleja una profunda división en el Capitolio Nacional y anticipa un trámite complejo y polarizado para el futuro de la Paz Total. El debate ya no es sobre ajustes, sino sobre la propia existencia de la herramienta que el Gobierno considera esencial para lograr la paz, y sus opositores, la causa del recrudecimiento de la violencia. El resultado de este forcejeo definirá el rumbo de la política de seguridad del país en los próximos años.
