En un movimiento jurídico de alto perfil, el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, interpuso una acción de tutela contra el Decreto 1469 de 2025, que oficializó el incremento del 23% en el salario mínimo y del 24.5% en el auxilio de transporte para este año.
La acción judicial fue presentada en nombre del comerciante Alexander Donato Rondón y tiene como destinatarios directos a la Presidencia de la República y los ministerios de Hacienda y del Trabajo. El núcleo de la impugnación radica en una acusación de vicios procedimentales en el proceso de fijación del salario.
Según Linares, el decreto ejecutivo vulnera el derecho al debido proceso y desconoce el principio constitucional de concertación tripartita (Gobierno, empresarios, trabajadores). El exmagistrado sostiene que la norma se expidió “sin un diálogo efectivo” entre las partes, saltándose un mecanismo fundamental consagrado en la ley.
Además del cuestionamiento al proceso, la tutela objeta el monto mismo del incremento. Linares advierte que el aumento total promedio del 23.7% se habría fundamentado en un criterio “extralegal” denominado “salario vital”, basado en estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual, a su juicio, carece de respaldo en el marco legal colombiano para la fijación anual del mínimo.
Como medida provisional, la tutela solicita de manera urgente la suspensión temporal de los efectos del decreto. La petición argumenta que la aplicación inmediata del aumento podría generar un “perjuicio irremediable”, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y para los trabajadores informales, debido al alza súbita en los costos laborales, el riesgo de despidos y un posible aumento de la informalidad.
⚠️ Importante: El decreto continúa plenamente vigente mientras la justicia estudia la solicitud de medida provisional y decide el fondo de la acción de tutela. El pronunciamiento de un juez sobre la suspensión se espera en los próximos días, marcando el primer capítulo de este debate legal que pone en jaque una de las decisiones económicas y sociales más importantes del Gobierno para 2026.
