La justicia colombiana avanza en uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción en el sistema de salud. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona, y a tres de sus exdirectivos por alterar deliberadamente los estados financieros de la entidad entre 2019 y 2022, en un presunto intento por ocultar su crítica situación y evadir la intervención del Estado.
Los otros acusados son Juan Carlos Isaza, exvicepresidente Administrativo y Financiero; Édgar Pedraz, exgerente de Contabilidad; y Fabián Antonio Peralta, exgerente de Cuentas Médicas. Según la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los cuatro habrían orquestado un entramado para presentar una realidad ficticia ante la junta directiva y la Superintendencia Nacional de Salud.
El núcleo de la acusación radica en el presunto ocultamiento masivo de pasivos. La Fiscalía identificó 3.419.015 facturas correspondientes a deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que, supuestamente, fueron dejadas de procesar de manera intencional. Esta maniobra permitió falsear cifras clave como las reservas técnicas, los costos operativos, los ingresos y el patrimonio neto de la EPS.
Gracias a este maquillaje contable, los exdirectivos habrían reportado utilidades por 70.563 millones de pesos en un período en el que la entidad, en realidad, registraba pérdidas recurrentes. El objetivo final, según la Fiscalía, era doble: garantizar la renovación de la licencia de funcionamiento de Nueva EPS y evitar a toda costa una intervención por parte del organismo de control.
Los delitos por los que serán juzgados son falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. La audiencia preparatoria de juicio quedó fijada para el 23 de febrero, fecha que marcará el inicio formal del proceso oral en su contra.
Este caso arroja una luz cruda sobre las dinámicas que han afectado la sostenibilidad del sistema de salud y, en particular, a los usuarios. Mientras miles de pacientes —como los recientemente desvinculados de la Clínica de los Remedios— enfrentan interrupciones en su atención por problemas contractuales y de flujo de recursos, esta investigación revela las graves irregularidades administrativas que pudieron estar en la raíz de dichas fallas.
